En retroceso de reformas judiciales al NSJP: Gamboa

Ante la presentación de un paquete de iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia ante el Senado de la República, magistrados del Poder Judicial de Morelos calificaron como un retroceso otorgarles más facultades a los operadores del sistema de Justicia Penal, además de se congratularon de un Código Penal Único.

Este miércoles, el Senado de la República recibió al menos nueve iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia que contemplan la creación de una Sala Penal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revisar la actuación de jueces y magistrados federales, la unificación de todos los códigos penales estatales en un Código Nacional, así como la permanencia del arraigo como medida cautelar hasta por 40 días.

En ese sentido, el magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea informó que el paquete de contrarreformas propone cambios sustantivos en el sistema penal entre las que destaca un código penal único mismo qué celebró al regirse en todos los estados de la República un código nacional.

Por ello, consideró necesario que se analicen en los foros de las mesas de trabajo que se llevarán a partir del primero de febrero respecto a las modificaciones de la Reforma Judicial; ya que podría regresarse la fe pública al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría provocar un “retroceso”, al mencionar que la carencia de capacitaciones del nuevo Sistema de Justicia Penal ha provocado la liberación de presuntos delincuentes.

“Ahora el juez podría tener facultades de investigación, el Código Penal Único, si es un avance y estamos hablando que dejaríamos atrás 32 códigos penales para regirse con uno sólo. Sin embargo, las demás reformas que proponen y que lo presentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tienen que ser analizadas y debe de haber una discusión permanente y se tienen que abrir al diálogo y escuchar a todos los que operamos en el Sistema de Justicia Penal”.

Por ello, Gamboa Olea reiteró que el Sistema de Justicia Penal cuenta con diversas fallas, entre ellas por parte de los operadores como los elementos policiacos y agentes del MP que no cuentan con la suficiente capacitación.

“No podemos nosotros atribuirles y darles mucho más responsabilidades a un ente como es el MP, cuando no lo podemos apoyar económicamente y cuando no se fortalece económicamente, el MP no podrá subsistir ya que no sólo es dotarlo de la capacidad legal, sino también económica. Si se da en las mismas condiciones que se encuentra actualmente en las propuestas, si habría un retroceso”.

Este miércoles, se presentaron las propuestas en las que prevén la desaparición de los jueces de control y la adición de la ampliación del plazo constitucional para declarar la legalidad de la detención de servidores públicos o ex funcionarios que son imputados por actos de corrupción, es decir, que se puede declarar la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas.

Además, se contemplan las intervenciones telefónicas o electrónicas con autorización judicial para investigaciones relacionadas con delitos fiscales y electorales, mientras que permanece la prohibición absoluta para que se recurra a las intervenciones de comunicaciones en litigios administrativos, civiles o familiares. También se otorga a las víctimas y ofendidos, la posibilidad de solicitar a los jueces que se realicen órdenes de cateo.

Los nueve anteproyectos de ley circularon desde el martes pasado en el Senado de la República, tanto a nivel de asesores como de los propios legisladores. Hasta el momento no han sido confirmados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

El paquete de reformas contempla cambios a los artículos 5º, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122 de la Constitución Política de México, por lo que las modificaciones requerirían una mayoría calificada o la aprobación de tres cuartas partes de los integrantes del Congreso de la Unión para su aprobación en el Senado y la Cámara de Diputados.