Militares tenían la orden de «abatir» delincuentes en horas de oscuridad, 19 días antes de que ocurrieran las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, según documentos oficiales citados este jueves por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).
La organización —defensora de Clara Gómez González, a quien se ha identificado como la testigo Julia— mencionó que, según consta en los expedientes militar y civil abiertos a raíz de este caso, los efectivos involucrados en la matanza del 30 de junio de 2014 se rigieron bajo dos órdenes: una general de operación y otra de relevo y mando, que mandataron a los soldados a «abatir delincuentes en horas de oscuridad (por la noche)».
Se trata de la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, y la subsecuente Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, de fechas 11 de junio de 2014, suscritas por el teniente coronel de Infantería 2/o. comandante y jefe del grupo comando, Sandro Díaz Rodríguez, en ausencia del Comandante del 102 Batallón de Infantería, coronel Raúl Castro Aparicio, indica el informeTlatlaya a un año: La orden fue abatir, presentado este jueves.
«En el contexto del caso Tlatlaya, el concepto ‘abatir’ fue empleado para significar la privación de la vida humana», enfatizó este jueves en conferencia de prensa Santiago Aguirre, subdirector del Centro ProDH.
La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que por el momento no hay una posicionamiento sobre el tema.
El activista Aguirre puntualizó que se debe citar en el fuero civil a todos los mandos que participaron o tuvieron bajo su supervisión la realización de la orden mencionada, integrantes del 102 batallón de infantería y de las 22 y la Primera zonas militares.
«Debe investigarse la cadena de mando respecto de esta orden hoy en día; los responsables, por su calidad de sus mandos jerárquicos, son responsables por las conductas que cometen sus subordinados cuando éstas no son objeto de controles y atentan contra derechos humanos», señaló Aguirre.
El defensor indicó que las instrucciones de los mandos militares emitidas a la tropa propician conductas de ésta que se traducen en «graves violaciones a derechos humanos», como las ocurridas en Tlatlaya.
Ante esto, el Centro ProDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que además de los ocho efectivos acusados de los asesinatos se incluya en las indagatorias a altos responsables de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) responsables de supervisar a los soldados acusados de las ejecuciones extrajudiciales.
«Más allá de la responsabilidad material de este grupo de ocho militares, se tiene que investigar la responsabilidad institucional, concretamente la cadena de mando vinculada con la responsabilidad de abajo hacia arriba en el Ejército», dijo este jueves Mario Patrón, director del Centro ProDH, en conferencia de prensa para presentar el informe .
El Centro ProDH estuvo acompañado por representantes de otras organizaciones, como Amnistía Internacional, que llamaron a garantizar la seguridad de la testigo Clara Gómez González, Julia —presente también en la conferencia.
El informe de los defensores sobre Tlatlaya planteó la creación de una comisión independiente que investigue la cantidad exacta de personas que en este caso murieron como parte del fuego cruzado con los soldados y cuántos fueron rematados.
La PGR reconoce que de las 22 personas muertas en Tlatlaya hace poco más de un año ocho fueron ejecutadas extrajudicialmente, pero la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) emitida por el particular indica que entre 12 y 15 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, recordaron los activistas y añadieron que esto último es consistente con el testimonio realizado que Gómez González brindó en libertad a las autoridades.
«No ha habido verdad en Tlatlaya. Mientras subsista esta discrepancia en el número de víctimas, la CNDH no puede dar por cumplida su recomendacioón y la PGR sigue estando obligada a ejercitar nuevamente acción penal para que se reconozca la totalidad de las ejecuciones cometidas», resaltó Santiago Aguirre, del Centro ProDH.
Entre las víctimas cuya situación no ha sido claramente reconocida está la de Érika, hija de Gómez González que al momento de la masacre contaba con 15 años de edad, quien según el testimonio de su madre se encontraba en el lugar de los hechos en contra de su voluntad.