Un cargo de narcoterrorismo por su política antiestadunidense, varios de narcotráfico, multas multimillonarias y una sentencia a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos penden sobre la cabeza de Servando Gómez Martínez, La Tuta: ese es el panorama judicial al que se enfrentará el último líder de Los caballeros templarios en caso de que el gobierno mexicano le extradite, como quiere la administración de Barack Obama.
Por primera vez un capo mexicano es acusado por el Departamento de Justicia de violar la sección 960 (a) del Título 21 del Código de Estados Unidos, creada en 2006 por el Congreso, para unir en un solo artículo los delitos de narcotráfico y terrorismo.
Desde entonces ha sido utilizada para sentenciar a media decena de criminales del Talibán, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia, organizaciones catalogadas como terroristas por el Departamento de Estado. Nunca se había aplicado esta ley a un integrante de un cártel de México.
En términos llanos, como a muchos otros narcotraficantes en la mira de Washington, a Gómez Martínez se le acusa de violar la ley al contribuir a la «posesión, manufactura o distribución de una sustancia controlada» pero, a diferencia de otros narcos mexicanos, se le culpa de un delito más grave para los estadunidenses: «Pertenecer a una organización terrorista extranjera, o ser una persona terrorista o grupo», presumiblemente por sus acciones en contra de ese país.