La exservidora pública dice temer por su integridad física y la de sus familiares, tras los cateos que realizaron
La exdiputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos, Beatriz Vicera Alatriste dijo que la orden de aprehensión girada en su contra es un acto mediático que impulsa la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En conferencia de prensa, Vicera Alatriste aseguró que su estado de salud no le permitió presentarse en la audiencia, programada el pasado 28 de junio, porque padece de enfisema pulmonar y por eso fue internada en terapia intensiva en el Hospital Médica Sur. Con la voz entre cortada y apunto del llanto, y provista de un tanque de oxígeno, la exdiputada, imputada por el delito de peculado, dijo sentirse víctima de la Fiscalía Anticorrupción, y teme por su integridad física y la de su familia, por los cateos que realizaron el viernes pasado.
“Yo nunca he abandonado el estado, ni el país. Hoy me toca pedirle, a quien gobierna el estado, a que no le quite la vista a mi caso, ya que temo por mi seguridad y la de mi familia. Yo a nadie he engañado y no es posible que me hayan hecho esto, por el simple hecho de estar enferma”.
La exservidora pública habló de persecución mediática que ha ejercido la Fiscalía Anticorrupción en su contra, ya que fue un total de 30 elementos de la Policía de Investigación quienes irrumpieron sus moradas; sin embargo, se dijo inocente del supuesto delito de peculado, al no pagar las aportaciones de los trabajadores al Instituto de crédito por un monto de 23 millones de pesos.
“Cuando yo estuve como presidenta de la mesa directiva, siempre tuve una buena reputación, porque hice un buen papel como diputada, soy una gente de trabajo, yo hice un buen papel bajando recursos, bajando programas”. Por su parte, el abogado particular de la ex legisladora, Jesús García Aguilar aseguró que la falta de recursos económicos cuando su cliente fue presidenta del Congreso del estado, no logró solventar el pago de los trabajadores del recinto legislativo, por ello, no consideran que haya delito de peculado.
“Será una autoridad judicial quien determine, para ellos el no haber pagado eso configura un delito, pero el hecho de no tener recursos por la falta de presupuesto, hoy tenemos una suspensión por el cual puedan ser detenida y presentada ante un juez”. Por último, García Aguilar aseveró que una vez que se judicialice su carpeta de investigación podrán generar las acciones correspondientes para ampararla, una vez que se recupere.
Por Erick Abraján
