Redes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron hoy aquí que los gobiernos de la región y de la Unión Europea (UE) acuerden políticas públicas para combatir la violencia de género contra mujeres durante la cumbre del 10 y 11 de junio en esta capital.
“Es necesario que toda la estructura estatal se comprometa a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres”, defendieron las redes CIFCA y Grupo Sur durante una conferencia sobre el tema en el Parlamento Europeo (PE).
“El nuevo plan 2015-2017 es una oportunidad única para que la UE y la CELAC (Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños) adopten medidas que impulsen políticas y presupuestos públicos que, entre otros, garanticen el acceso a una justicia efectiva y la erradicación de la impunidad”, afirmaron.
Los activistas advirtieron que el feminicidio -asesinato de mujeres por razones de género- sigue siendo una realidad tanto en Latinoamérica como en Europa.
La región latinoamericana tiene cinco de los doce países con la tasa más alta de feminicidio en el mundo, mientras que en la Unión Europea el 28 por ciento de las mujeres afirma haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas desde los 15 años de edad, señalaron.
“A pesar de la gravedad del problema, las políticas públicas no abordan la violencia contra las mujeres como una prioridad”, criticó Erika González, de la organización civil Grupo Sur.
A su juicio, es “imprescindible” la creación de bancos de datos comparables que cuenten con información estadística oficial, completa y accesible en ambas regiones.
Por su parte, la red feminista CLADEM llamó la atención para la necesidad de “romper con los estereotipos de género en la investigación y el procesamiento de casos” para erradicar el problema.
Las ONGs también abogaron por la legalización del aborto como forma de poner fin a los “abortos clandestinos como un acto que provoca feminicidios”.
Argumentaron que cada año más de 70 mil mujeres mueren “a consecuencia de abortos clandestinos en países con leyes duras y restrictivas, donde se niega el reconocimiento de los derechos reproductivos a las mujeres y donde abortar es un delito”.
“En el caso de Perú, por ejemplo, el aborto en casos de embarazo como consecuencia de abuso sexual es ilegal incluso en embarazos de adolescentes”, señaló Liz Meléndez, de CLADEM.
“Eso a pesar de que las cifras señalan que, del total de adolescentes violentadas sexualmente, el 34 por ciento quedó embarazada y que en 2013 el suicidio fue la principal causa indirecta de muerte materna en adolescentes, llegando a representar el 56 por ciento”, añadió.
Las observaciones constan de una declaración conjunta que las redes de la sociedad civil harán llegar a los jefes de Estado y de gobierno de la UE y de los países latinoamericanos con motivo de la cumbre UE-CELAC de la próxima semana.