Alejandro Alonso fue Director de Administración y Finanzas, y en un año amaso una fortuna que nunca informó sobre su procedencia
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formuló imputación por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del exdirector de Administración y Finanzas del Sistema DIF Morelos, Alejandro Alonso Arriola.
El miércoles 26 de junio del presente, en audiencia inicial celebrada a las 15:39 horas, la Fiscalía Anticorrupción informó a la Jueza de Control, Gloria Angélica Jaimes Salgado sobre la denuncia que existe contra la persona indiciada.
La Fiscalía refirió que Alejandro Alonso ingreso a trabajar el 2 de octubre de 2012 como Director de Administración y Finanzas en el DIF Morelos, y renunció el 15 de julio de 2013. La autoridad ministerial dijo que Alonso Arriola en la primera declaración patrimonial, que rindió como servidor público el 31 de octubre de 2012, estableció que no contaba con vehículos, ni bienes inmuebles mucho menos contaba con algún ingreso.
Lo único, que el entonces director de Finanzas dijo tener de ingreso, era la cantidad de 28 mil 600 pesos mensuales, por concepto del salario de su trabajo como servidor público del DIF estatal.
Esa situación patrimonial cambió un año después, en su segunda declaración patrimonial que realizó ante la Contraloría e informó, el 31 de enero de 2013, sobre diversas propiedades que nunca estableció el origen del dinero. Alonso Arriola declaro que contaba con 4 bienes muebles adquiridos, con un valor de más de 574 millones cada una, así como diversos vehículos, todos a su nombre y cuya procedencia se desconocía.
Tras escuchar la imputación en su contra, el exservidor público se reservó su derecho a declarar y solicitó a la jueza que su situación jurídica fuera resuelta en un plazo de 144 horas.
Por ese motivo, la juzgadora estableció el próximo martes 2 de julio para continuar con la audiencia de vinculación a proceso penal, a las 11:00 horas, a fin de presentar medios de prueba para que explique el origen de su fortuna. Finalmente, la Jueza Gloria Angélica Jaimes impuso la medida cautelar a la persona imputada de no salir del país y una supervisión personal que deberá de cumplir a través de una firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos.
Por Griselda Flores
