Cuernavaca, Morelos; 29 de febrero del 2024.-La Fiscalía Anticorrupción imputó este miércoles 28 de febrero de 2024, al exdiputado Marcos «N» por los delitos de Hostigamiento Sexual Agravado, Discriminación Agravada y Violencia Política Agravada en razón de género.
Lo anterior, luego de que una psicóloga que laboró con él en la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de Morelos, lo denunció por presuntamente haber sido hostigada sexualmente en distintos momentos.
La Fiscalía Anticorrupción presentó datos de prueba, documentales y testimoniales, en los que se establece que, de acuerdo a la víctima, fue en febrero del 2020, cuando empezaron las presiones del exlegislador para tener algo más allá de lo laboral con ella.
Sin embargo, debido a que la víctima no cedió a las propuestas que le hizo Marcos «N», él empezó a acosarla laboralmente, amenazándola que si diversos eventos que ella organizó no salían como él quería, afectaría su continuidad como secretaria técnica de la Comisión.
Además, presuntamente, durante la emergencia sanitaria mundial derivada del virus COVID-19, obligó a la víctima y a todas las mujeres que laboraban con él en el Congreso de Morelos, a presentarse en las oficinas, laborando más de 12 horas diarias, mientras que, a los hombres los dejó trabajar desde su casa.
Ante las presiones y acosos que sufrió la víctima por parte de Marcos «N», sufrió ansiedad y depresión, lo que le ocasionó prurito en la cara y la espalda, datos asentados en estudios psicológicos y periciales, dentro de la carpeta FECC/293/2020-08.
Incluso, esto derivó en que la víctima presentara su renuncia con carácter de irrevocable en el mes de julio de 2020 y posteriormente inició su denuncia contra el exdiputado; por lo que este miércoles, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción realizó la imputación y presentó más de 20 datos de prueba contra Marcos «N».
A solicitud de la defensa se dieron 144 horas para la audiencia de vinculación. En tanto, se impuso como medida cautelar, la presentación de una garantía económica de 10 mil pesos, ya que, a consideración del Juez no existe riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, debido a que, el exlegislador se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, por diversa causa penal.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
