Con el argumento de desalentar el consumo de cigarros, refrescos y otras bebidas que causan problemas de salud, el gobierno federal propuso al Congreso subir los impuestos a estos productos a partir del siguiente año.
Sin embargo, el sexenio de Enrique Peña Nieto demostró que esta medida, aunque es una bocanada de oxígeno para las finanzas públicas, no funciona para reducir su consumo y además incentiva la informalidad coinciden expertos.
El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la propuesta de Paquete Económico para 2020, que incluye una iniciativa para que suban las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan las empresas que producen cigarros, refrescos y bebidas energetizantes, así como para homologar el gravamen a las cerveceras.
Desde su aparición, los impuestos especiales han probado ser una jugosa fuente de recursos para las arcas públicas. En el primer semestre de 2014, año en que entró en vigor la reforma hacendaria de Peña Nieto, se recaudaron 37 mil 971 millones de pesos por la aplicación del IEPS a estos artículos. Seis años más tarde, el gobierno de López Obrador captó 53 mil 403 millones de pesos en la primera mitad de 2019, un aumento de 41% por los mismos productos, de acuerdo con datos de Hacienda.
Del primer semestre de 2014 al mismo periodo de 2019, el consumo de cerveza creció casi 2 mil millones de litros, pese a mayores impuestos. No obstante, estos impuestos incumplieron el supuesto objetivo por el que los crearon: reducir el consumo de estos artículos por sus efectos adversos sobre la salud.