La Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de México colaborar para fortalecer las capacidades del Estado mexicano ante la creación de la Guardia Nacional.
“Mi Oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40 mil personas desaparecidas, en el que nueve mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años”, enfatizó Bachelet al relatar sus reuniones con ciudadanos en todo el país. Para la ACNUDH, el acuerdo demuestra el interés compartido por “avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública”.
El acuerdo “va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad, entre ellos: mecanismos de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial”, detalló la funcionaria de Naciones Unidas
Al destacar el “consenso” alcanzado en México para crear la Guardia Nacional, Bachelet confió que ese nivel de discusión también se vea reflejado también en la legislación secundaria de la reforma: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, pues la Guardia Nacional “representa una oportunidad para construir una corporación que haga compatible la obligación que tiene el Estado de proveer seguridad a su población y, al mismo tiempo, salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes”, concluyó Bachelet.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con su gobierno “se da un giro al paradigma”, al garantizar seguridad sin violar derechos humanos. Las Naciones Unidas ayudarán en la formación de los elementos de la Guardia Nacional en el principio de la defensa de derechos humanos y en el uso moderado, adecuado, de la fuerza, esto va a ser muy importante”. Que México se abra a la observación internacional, “en lo que tiene que ver en el combate a la corrupción, que actuemos con absoluta transparencia”, apuntó López Obrador tras atestiguar la firma del convenio firmado entre Bachelet, titular de la ACNUDH, y el Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón.
También participó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien señaló que el actual gobierno no cree “en los atajos de la violencia para garantizar seguridad pública; sostenemos que seguridad pública y derechos humanos son complementarios e indispensables”.
“Después de más de 12 años de inseguridad creciente cuyo costo en vidas humanas, desapariciones, violaciones y severo quebranto del tejido social son inaceptables”.
Durazo Montaño señaló que nuestra historia “demuestra claramente que las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad; cada atropello que no se aclara, no se sanciona y que no de repara fomenta su repetición, el abuso de autoridad, la extralimitación de los servidores públicos, la vulnerabilidad de la sociedad y el rencor social a las instituciones nacionales”.
“Aspiramos que lo derechos humanos nunca más se divorcien de los derechos humanos en el quehacer de seguridad pública”, finalizó.