David López Martínez pasó los cinco años recientes de su vida sin saber que su nombre estaba registrado en el acta constitutiva de una compañía que había recibido más de 60 millones de pesos en contratos públicos, otorgados por el gobierno estatal de Chiapas.
En 2010, David encontró una vacante de mensajero en un despacho contable llamado “Crea Consultoría”, ubicado en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obtuvo el empleo y casi un año después llegó un “aumento” de sueldo, sobre los 2 mil pesos mensuales que recibía quincenalmente.
El chiapaneco, de 43 años de edad, recuerda que uno de los dueños de la consultoría le pidió que firmara unos papeles para hacerlo apoderado del despacho contable.
Le explicaron que necesitaban que, como mensajero, acudiera a recoger chequeras y otros documentos en los bancos. David no hizo preguntas, tampoco verificó a detalle qué clase de documentos firmó; solo acató las órdenes y recibió como compensación un ingreso extra de mil 500 pesos quincenales.
Pero lo que firmó no era un documento para hacerlo apoderado de la consultoría. En ese momento él se convirtió en el accionista fundador de la empresa Factibilidad Empresarial. Le robaron su identidad para crear una compañía fantasma, simuladora de operaciones.
“A mí no me dijeron que yo era dueño o socio de otra empresa. Supuestamente eso de firmar era sólo para ir a recoger chequeras porque yo solo era mensajero”, platicó en entrevista.
El hombre actualmente está desempleado y por la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se enteró que su nombre está involucrado en una red de desvío de recursos públicos del estado de Chiapas.
