El Gobierno de México respondió de manera conjunta con la Procuraduría General de la República(PGR), al informe emitido por la Organización WOLA sobre el tema «Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por soldados en México» y se comprometieron a investigar y en su caso sancionar a miembros de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones a derechos humanos.
Al fijar su posición a nombre del gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió al informe publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y reafirma su rechazo a toda violación a los derechos humanos y su compromiso de garantizar la protección de los mismos.
En el comunicado deja en claro que «México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado en nuestro país».
«Las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de las y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado Mexicano. Todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil. Dichas acciones tienen fundamento en nuestra Constitución y en las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
Agrega que México ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que en caso de violaciones a derechos humanos contra civiles, los presuntos implicados puedan ser juzgados por tribunales civiles y para esto en 2014 se modificó el Código de Justicia Militar para armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia.
Informa además que las Fuerzas Armadas de México han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos para reforzar la cultura de respeto y su promoción; esto ha resultado en la reducción de quejas contra personal militar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las recomendaciones emitidas por la CNDH a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
La PGR ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones. Además, de la suma de los esfuerzos a través de la sociedad civil, los expertos académicos y los interesados a partir de los la publicación de los resultados de la Consulta Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017.
Ante los señalamientos hechos por WOLA y las organizaciones sociales integradas a este informe, el Gobierno mexicano puntualiza que: Instituciones académicas reconocidas a nivel nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales han tenido un papel esencial en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, la construcción de la Fiscalía General de República, así como en los procesos legislativos y de diseño de las leyes generales en materia de combate a la tortura y a la desaparición de personas.
La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país.
México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.
Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.
Al mostrar el respeto del gobierno de México a los tratados en materia de derechos humanos, afirma que se continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas para toda presunta violación a los derechos humanos, que aseguren una procuración y acceso a la justicia efectivos, así como la sanción a los responsables.