A 13 años de haber sido detenida arbitrariamente y torturada por fuerzas gubernamentales tras la revelación de una red de explotación sexual comercial infantil usada por políticos y empresarios, el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en los agravios cometidos en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
En cumplimiento con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras declarar al Estado mexicano responsable de ataque a la libertad, integridad y libre expresión en contra de la periodista, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, ofreció a Lydia Cacho, “una disculpa pública por violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”.
“Le ofrezco una disculpa pública por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad”, agregó.
“Ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso”, señaló Encinas ante la también defensora humanitaria, quien aceptó el reconocimiento de un gobierno que “tiene los próximos 6 años para crear un verdadero estado de derecho”.
“Acepto esta disculpa y exijo que cumplan con todas víctimas a las que hoy represento y a las que seguiré dando voz”, expresó Lydia Cacho al exigir juicio a los responsables y justicia por los agravios de Atenco, Guardería ABC y más de 30 mil niños secuestrados.
El subsecretario Encinas aseguró que el Estado mexicano garantiza “la reparación integral del daño en que incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de diciembre de 2006 y, a su vez, reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición, para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a sucederle a usted ni a ningún otro periodista, ni persona defensora de derechos humanos en el país”.
“Tienen que admitir la verdad realidades alternativas y complacientes”, advirtió Lydia Cacho al reclamar que al año, “4 millones de niñas y niños son abusados sexual en México” y al menos el 10% de éstas víctimas terminarán en una red de pornografía comercial vinculada a la delincuencia organizada y el feminicidio aumenta en la medida que la impunidad crece”.
“Este acto representa el inicio de una política de estado comprometida con quien se dedica a informar” y nos permite reflexionar sobre lo que representa la libertad de expresión para el actual gobierno, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero al subrayar que “nunca más” en la dependencia que encabeza, tendrá cabida la censura.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que esta disculpa “marca un cambio esencial en la vida pública de México.“El mensaje es que el Estado mexicano no va a tolerar ninguna violación a los derechos humanos”, de cara al cumplimiento de todas las recomendaciones de instrumentos humanitarios emitidas al gobierno mexicano, apuntó el canciller Ebrard.Juan Martín Pérez, titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), alertó que la negación e impunidad en torno al caso de Cacho por más de una década han permitido el aumento de la trata infantil con fines de explotación sexual. “De algunos casos documentados por Lydia Cacho, ahora tenemos miles de casos entre los más de 7 mil niñas y niños desaparecidos en este 2019.
El subsecretario Encinas recordó que el Gobierno de México brindará una segunda disculpa pública en el tercer mes de este 2019, para limpiar los nombres de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados por fuerzas del estado el 19 de marzo del 2010 en el campus central de la institución y que fueron tachados como “sicarios” tras alterar la escena del crimen.
En este marco, el académico y ex presidente del Comité de Ejecuciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera, señaló que a un mes y 10 días del actual gobierno hay “luces” como el acto de desagravio para Lydia Cacho y “sombras”, incluso dijo “tinieblas y nubarrones”: la Guardia Nacional.
La paradoja es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara Inconstitucionala la Ley de Seguridad Interior y acto seguido, pretenden constitucionalizar todo aquello que contenía esa ley, pero peor porque se elevará a rango constitucional.Ahorita el llamado es al poder legislativo “quienes tienen que escuchar, abrir los ojos y hacerle los cambios a esa reforma constitucional”, dijo Santiago Corcuera.
Lydia Cacho, autora del libro “Los demonios del Edén”, puso al descubierto una red de explotación sexual comercial infantil encabezada por el hoy preso Succar Kuri, y que posiblemente era usada por el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge, cuya voz resonó en el salón Revolución de la Segob, cuando conversaba con el entonces gobernador de Puebla como se le dio un “coscorrón” a Cacho tras hacer sido detenida en Cancún y llevada a Puebla, en diciembre de 2005 por lo publicado en su reportaje.