Por: Carlos Francisco Caltenco Serrano
Recordarán que hace tiempo, algunos presidentes municipales destacaban por la obra gestionada. La obra pública era una manera efectiva de hacer evidente un buen trabajo en los municipios. ¿O no? Los municipios tenían tres maneras de ejecutar obra pública: El Ramo 33 bajo el programa conocido como FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), dirigido principalmente a drenajes, agua potable, electrificación, escuelas y en menor medida, pavimentaciones; el Ramo 23, que era gestionado por los diputados federales y senadores para sus estados o municipios y que fundamentalmente se usaba para pavimentaciones o calles completas (agua, drenaje y pavimentación); y por último, los recursos propios.
Uno podría pensar que fue injusto que en 2019, los diputados y senadores hayan acordado renunciar a su tan noble facultad de “bajar” recursos. La realidad es que la gestión del Ramo 23 era otra muy diferente a la que hoy denuncian los presidentes municipales panistas que se manifestaron el martes 22 de octubre en Palacio Nacional. Como documentaron diversos medios, en 2014 y 2017, connotados diputados panistas se vieron involucrados en grabaciones de audio que hicieron evidente la práctica del moche. Es decir, ellos etiquetaban recursos a municipios y gobiernos estatales y a cambio recibían un porcentaje como comisión, el famoso moche. De acuerdo a la Revista Proceso, en entrevista con Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia de México, panista y quien confirmó que al menos en las dirigencias de Gustavo Madero, Ricardo Anaya y Marco Antonio Cortés se practicó la exigencia del diezmo a los presidentes municipales que recibían recursos de la bancada panista. Además existe la grabación donde Luis Alberto Villareal, entonces diputado federal panista, es exhibido en San Luis Potosí, negociando moches por obra pública.
¿Cuál decisión tomaron los diputados federales y senadores en su mayoría de Morena? Pues que en 2019 no habría gestión individual ni por grupo parlamentario y que en todo caso, el monto asignado para ello, alrededor de diez mil millones de pesos, se distribuyera proporcionalmente en los más de dos mil municipios que integran el país, dando prioridad a los municipios más atrasados y pobres. Así que éste año, el Ramo 33 se distribuyó parejo y a cada municipio le toco entre 4 y 5 millones adicionales, en algunos casos más. El porcentaje de incremento de su Ramo 33 fue, en promedio del 12%. Resulta falso que los diputados y los presidentes municipales del PAN digan ahora que se han perdido recursos. Todo lo contrario, se elimina el moche y por eso los panistas y uno que otro priista lloran, porque piden pan y no les dan.
Ahora falta establecer mecanismos para que en la ejecución de obra pública en los estados y los municipios se termine la misma práctica. Un cambio radical sería que las obras realizadas con recursos públicos se ejecutaran en un porcentaje, por administración, lo que reduciría los costos de las mismas. Esto en la actualidad se puede hacer, pero la ley permite que también se contraten empresas constructoras. Si la ley estableciera que al menos un porcentaje de las obras se realicen bajo el concepto de administración, los dineritos lucirían más y se podrían ampliar metas.
Lo cierto es que lograr el beneficio mayor, para la mayor cantidad de población, nunca ha estado en la agenda de los panistas. Como todo partido de derecha, su objetivo es alcanzar el mayor beneficio económico personal de sus políticos y de sus familias. Y eso, afortunadamente por lo menos en este trienio ya se acabó.
No obstante debemos observar el quehacer político en la ejecución de la obra pública de los gobiernos municipales en Morelos y también del Gobierno del Estado. Hay muchas prioridades y una de ellas que salta a la vista es el terrible estado de nuestras calles. Drenajes rotos y pavimentos fracturados son la constante y eso debiera atacarse en principio, o al menos, hasta donde el moche lo permita.