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Impugnará SAPAC modificación de la medida cautelar por arraigo domiciliario del ex alcalde de Cuernavaca

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• En el detrimento de poco más de 9 millones de pesos fueron perjudicados alrededor de 800 trabajadores al perder su derecho ante el Instituto de Crédito

La Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Evelia Flores Hernández, manifestó su inconformidad por la “extraña” y sorpresiva actitud mostrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la audiencia celebrada el lunes 08 de mayo, por el procedimiento que se sigue al ex presidente municipal Antonio “N”, al haber solicitado su arraigo domiciliario.

La titular del SAPAC dio a conocer que se buscara un acercamiento con el Fiscal Anticorrupción, para sostener una reunión y se les brinde una explicación sobre la decisión de solicitar la liberación temporal del ex Alcalde, acto que provoca preocupación ya que no es la solución al desfalco que se hizo al SAPAC y a sus trabajadores por el desvió de sus cuotas que no se transfirieron al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).

Por su parte, el Director Jurídico del SAPAC, Carlos Alberto Molina Joaquín, expresó que la solicitud de Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, Fiscal de Delitos Diversos, de promover una medida cautelar consistente en el resguardo domiciliario, aun y cuando tenía un cumulo de argumentos sólidos para hacer valer al juez de la causa una prisión preventiva por los antecedentes de intentos de evasión de la justicia.

Agregó, que es de todos conocido, el hecho o las conductas de Antonio “N” para sustraerse de la acción de la justicia, de tal manera que todos estos argumentos servían de base para que se hicieran valer ante el Juez de la causa, para verificar la procedencia o no de esta modificación, lo cual no ocurrió y dejo sin efectos la prisión preventiva oficiosa.

Precisó que a través de la Dirección Jurídica del SAPAC, se han promovido los recursos legales para que sea reparado el daño causado al SAPAC y sus trabajadores, por lo que a través de acciones jurídicas se impugnara este acuerdo, debido a que la Fiscalía es un representante de la sociedad y debe salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos.

En la intervención del Comisario del Organismo, Eleal Acevedo Velázquez, coincidió que con esta decisión se les debe una explicación no solo al SAPAC sino a la sociedad, toda vez que se trata de un ex servidor público que cometió diversos delitos y por sus actos, más de 800 trabajadores han perdido el derecho de beneficios ante el ICTSGEM , ya que Antonio “N” al ser presidente de la Junta de Gobierno del SAPAC, fue participe del desvió de 9 millones de pesos por concepto de cuotas retenidas y no depositadas, por lo que no hay una explicación lógica de la modificación de criterio que promovió el Fiscal Ignacio Zeus Gutiérrez al tener otros elementos, por lo que reiteró que se pedirá justifique el cambio de criterio de la medida de apremio y no mantener la prisión preventiva oficiosa, un hecho que compromete la exigencia de reparación del daño comprometido.

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