El Comité Cerezo México pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) correlacionar el espionaje a defensores de derechos humanos, a través del malware Pegasus, con las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias documentadas durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
En este periodo, el Comité tiene el registro de 251 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, 131 desaparecidos de manera forzada y 4 mil 152 detenidos arbitrariamente.
“Por el número alto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pedimos que se correlacione los teléfonos, las fechas y los defensores para tener un padrón de un ataque generalizado, sistematizado y planificado para eliminarlos”, solicitó Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México.
El activista señaló en entrevista que desde que detectaron el programa de espionaje han alertado que la información obtenida de los defensores era para cometer una agresión o ataque contra ellos.
En los sexenios de 2006 a 2018 fue cuando dependencias federales y de gobiernos locales contrataron y usaron este software para espiar a la oposición y no al crimen organizado, de acuerdo con lo indagado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). El titular Santiago Nieto Castillo informó que el exagente de la Procuraduría General (PGR) Tomás Zerón de Lucio pagó 32 millones de dólares para la contratación del programa Pegasus.
“Los perpetradores [del espionaje], es decir, los agentes de Estado, sabían no sólo la información que manejaban las víctimas, sino el lugar y momento preciso para ser víctimas del terror estatal”, aseguró la organización civil en un comunicado. “Sería interesante saber cuántos de los que fueron infectados con el software Pegasus terminaron en la cárcel”.
Sólo en la administración de Peña Nieto el informe del Comité documentó 184 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo dos menores de edad, en su mayoría de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Chihuahua. Esto es, los estados con presencia insurgente como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Una cuarta parte de las víctimas defendían el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y medio ambiente sano.
Además, 18 periodistas fueron ejecutados de manera extrajudicial no sólo por ejercer el derecho a informar, sino por señalar el contubernio existente entre el Estado, las empresas y el narcotráfico.
“No se trata del mal uso de una herramienta de espionaje, sino del uso ilegal, consciente y dirigido a eliminar la disidencia social en México”, acusó el Comité Cerezo. “Sabemos que el responsable es Calderón y sus ‘super policías y super militares’ que adquirieron dicho software no para espiar a la delincuencia organizada, sino como una herramienta que les permitiera generar el control social mediante el terror”.
Fuente: Sin Embargo
