Por: Cipriano Sotelo
Las indígenas ñha-ñhu de la sierra de Querétaro, Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, fueron acusadas por la Procuraduría General de la República de haber secuestrado a seis agentes federales en el 2003.
Después de tres largos años de proceso penal, las tres acusadas lograron obtener su libertad en el 2006, dejando atrás una condena solicitada por el Ministerio Público de 21 años de prisión.
Hoy, es parte de su historia de vida, aunque los hechos las marcaron para siempre de manera negativa, Jacinta recuerda cuando ante el Juez penal de la causa se desahogaba el careo entre ella y sus acusadores, sosteniéndole al Juzgador que como era posible que la autoridad creyera que esas indefensas mujeres hubieren secuestrado a los seis agentes de policía, fornidos, de entre 25 a 40 años de vida, de 180 a 190 de estatura y sobre todo preparados para actuar en defensa de su integridad física. Ya no más faltaba que la autoridad les creyera que las tres indígenas pretendieron violar a los seis agentes, hoy en tono irónico aduce Jacinta.
Después de lograr su libertad, Jacinta, Teresa y Alberta solicitaron a la Procuraduría General de la República el pago de una indemnización por haber sido acusadas injustamente por un delito que no cometieron, -como era de esperarse-, el Ministerio Público Federal se negó a indemnizarlas, lo que trajo como consecuencia que las tres mujeres acudieran a un Tribunal Federal de Justicia Fiscal administrativa a iniciar un litigio que les permitiera obtener el numerario correspondiente a su reparación del daño. El Tribunal condeno a la PGR a pagarles a cada una de ellas la cantidad de Tres millones de pesos, así como a otorgarles una disculpa pública.
El dinero ya lo recibieron, pero la disculpa pública ningún Procurador General de la República ha querido hacerlo. No obstante ello, el actual Procurador Raúl Cervantes ha indicado que mañana martes 21 de febrero, públicamente pedirá disculpas a las indígenas.
Sabedoras de la noticia, las tres mujeres han fijado su postura, ni el dinero, ni una disculpa pública harán olvidar los tres años de infierno que vivieron en un penal, sobre todo, porque nada se ha dicho de la sanción a la que se harán acreedores los tres elementos de la Policía Federal que se atrevieron a afirmar haber sido víctimas de secuestro, ni el Ministerio Público que avalo tal increíble afirmación.
Lo cierto es, que, aun y cuando la Ley contempla conceptos de reparación del daño moral y material a favor de las víctimas de los delitos, no puede concebirse de forma completa si no se sanciona a los victimarios.