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Javier D. debe ser investigado por desapariciones y asesinatos de personas en Veracruz

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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con más de 49 colectivos de familias de personas desaparecidas en México y Centroamérica, exigen a la Procuraduría General de la República (PGR) que investiguen al ex gobernador Javier Duarte por «desapariciones, asesinatos y violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante su administración en el estado de Veracruz».

Las víctimas de violencia insistieron que no solo se debe enjuiciar a Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El Ex funcionario debe responder ante la justicia por la desaparición de personas. Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante el mandato de Duarte se registraron 665 personas desaparecidas.

Sin embargo, apuntaron, «la cifra es mucho mayor si consideramos que desde mediados de 2014, al menos la Fiscalía de Veracruz dejó de reportar adecuadamente los casos de desaparición, para 2015, sólo se registraron 8 casos y 1 caso 2016, esta incongruencia en las cifras fue reflejada por la propia Fiscalía, cuando en marzo del año en curso, dio a conocer que “Presumiblemente sustentado en carpetas de investigación que se tienen, se calcula un promedio de 2 600 personas en calidad de desaparecidos”.

Además, la gravedad de la situación de las desapariciones en Veracruz se refleja en el descubrimiento de fosas clandestinas por colectivos de familias de personas desaparecidas.

De acuerdo al Informe Especial sobre Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas de la CNDH, entre 2007 y 2016 se reportó el hallazgo de 1143 fosas clandestinas en el país, siendo Veracruz el tercer estado con mayor número de fosas clandestinas con 191, y con 21,874 restos óseos exhumados.

Ejemplos de ello son: Colinas de Santa Fe (localizado mayo 2016) en donde se han encontrado hasta la fecha 274 cuerpos, convirtiéndose en la fosa más grande de América Latina; Rancho El Limón, (febrero 2017) en donde se encontraron 10 mil fragmentos óseos y se han identificado a cuatro personas y El Arbolillo, Alvarado (marzo 2017) y hasta ahora se han encontrado 8 fosas clandestinas dentro del predio, de las cuales se han desenterrado 47 cráneos y múltiples restos humanos, entre otras fosas como Moyoapan (2016), Ixtaxzoquitlan (2017).

Asimismo, durante el gobierno de Duarte asesinaron a 18 periodistas y 3 más fueron desaparecidos (Sergio Landa Rosado de Cardel; Miguel Morales Estrada de Poza Rica y Gabriel Fonseca de Acayucan).

Según Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 el estado de Veracruz se convirtió en una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio periodístico durante la administración de Javier Duarte.

«Hasta el momento no se han presentado cargos relacionados con las muertes y desaparición de periodistas».

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelaron que Veracruz es uno de los estados con mayores índices de criminalidad y violencia de la República mexicana.

En el primer trimestre de 2017 se registraron 698 asesinatos. Durante mayo, se presentaron cifras que señalaban que los homicidios habían aumentado en 99% respecto al mismo lapso de 2016; sin  embargo, en 2015, el INEGI reporta 1007 víctimas de posibles homicidios, lo cual indica que también pudo haber manipulación de las cifras de homicidios reportadas al SNSP por Veracruz.

«Urgimos a recordar que los delitos internacionales no prescriben, como lo es la desaparición forzada y mucho menos cuando se constata como ataque generalizado y sistemático contra la población civil, prueba de ello son las fosas antes mencionadas como una radiografía de los crímenes de lesa humanidad que pretenden enterrar», dijeron los activistas.

Para las familias, «Duarte representa la inmunidad con la que cuentan gobernantes Estatales y Federales que han sumido a México en terror y muerte. La impunidad en Veracruz es un reflejo de la situación que existe en el país, que deja en evidencia que a las autoridades no les interesa esclarecer, investigar y castigar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en México y proporcionar justicia a las miles de víctimas y familiares de personas desparecidas», concluyó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

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