El Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoce que existen al menos ocho jueces que actúan de manera desleal
POR CARLOS QUINTERO
Al menos ocho jueces de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado son identificados con prácticas ilegales. De ellos, dos enfrenta un proceso y una tercera es investigada penalmente.
Una fuente confiable del Poder Judicial, consultada por este reportero, habla que de los 23 jueces que operan actualmente en el sistema de justicia acusatorio en Morelos, al menos ocho juzgadores son cuestionados por sus resoluciones.
La fuente oficial reconoce que la práctica desleal de los jueces es del pleno conocimiento del Tribunal Superior de Justicia pero pocos son investigados y sancionados debido al contubernio con las mismas, u otras autoridades.
Los casos recientes.
La mañana del lunes 13 de mayo de 2019, la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión formuló imputación en contra del juez, Roberto Becerra López por el delito de cohecho y delitos cometidos por servidores públicos.
El juez de la causa, Isidoro Edie Sandoval Lome ordenó el desalojo de la sala de audiencia, sin dar a conocer ningún argumento jurídico, y resolvió, de manera autoritaria, que la audiencia de su homologo sería privada.
Ese caso, no es el único que investiga la Fiscalía Antisecuestro. De acuerdo con otra fuente consultada, existe una investigación que se desarrolla en contra de una jueza por hechos que pudieran constituir un delito grave.
Trascendió que la denuncia deriva de la aprehensión de un presunto líder del crimen organizado en la zona oriente, el lunes 6 de mayo. Por ser parte de una investigación en proceso se omite dar a conocer más detalles.
Un tercer caso es del juez, Daniel Adán Rodríguez Apac, quien el 16 de diciembre de 2017 protagonizó un accidente en la autopista México-Cuautla, en donde murió Pedro P. H., quien conducía una motocicleta. A más de un año de ese hecho, la Fiscalía de Morelos no ha judicializado el asunto y la contraparte se queja porque el Ministerio Público protege al juzgador.
En opinión de especia- listas, el objetivo del juez en el sistema acusatorio penal es legitimar la función judicial en un Estado democrático de Derecho, para recuperar, fomentar y acrecentar la credibilidad y confianza en el sistema de justicia penal.
Pero ese objetivo se pierde cuando los mismos jueces son sentados en el “banquillo de los acusados” y sometidos al escrutinio público porque nos hace pensar que ellos están por encima de la Ley.