La administración de Mancera decidió políticamente que no existió la detención arbitraria, arguyendo que se trataba de otro “adolescente problemático”
La tarde del 23 de enero de 2018, en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús —Atzcapotzalco—, el preparatoriano Marco Antonio, entonces de 17 años, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado; la oportuna respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud.
Tras el análisis exhaustivo del caso, incluido lo sucedido durante los cinco días transcurridos entre la detención y su reaparición, y contra la negación sistemática de autoridades de la CDMX y el Estado de México de que hubiera sido víctima de desaparición forzada, al otorgarle a él y su familia la protección de la justicia federal el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en su resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el 9 de mayo anterior, determinó que el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos.
De acuerdo con un comunicado urgente emitido por la asociación civil Instituto de Justicia Procesal Penal, la administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro “adolescente problemático”.
Las organizaciones defensoras documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención, de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente.
Por tales actos de autoridad, Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva.
La asociación civil también revela que, de acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.
Por Francisco L. Bautista
