Por: Paco Santillán
En 2014 comencé una serie de recorridos por Cuernavaca con el objetivo de ser electo como Diputado Local en 2015. Durante estos recorridos pudimos acreditar muchos de los problemas que vive nuestra ciudad: inseguridad, falta de servicios, falta de alumbrado público, calles sin pavimentar, etc. Sin embargo, dos constantes se presentaban en muchos de los reclamos ciudadanos: la falta del agua y la forma (ojo trolecillos, dije FORMA) en que CFE acudía a hogares (muy pobres) a cortarles el servicio de luz.
Muchas fueron las anécdotas que me relataron sobre la manera en que inspectores de CFE llegaban a los hogares y, sin importarles las condiciones de las personas, suspendían el servicio de luz. No estoy hablando de personas que podían pagar y no querían… ¡no! Les hablo de personas que simplemente no tenían ni para comer y vivían a la buena de Dios.
En 2015, ya electo como Diputado, iniciamos trabajos para buscar que el “derecho de acceso a la energía eléctrica” se convirtiera en un derecho humano. La razón, estimado lector: volteé a su alrededor y dígame ¿cómo sería su vida sin luz? Nuestra concepción de la dignidad del ser humano ha cambiado, la primera generación de derechos humanos implicaba el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, a la igualdad… hoy, con la evolución social, nuestra dignidad humana no puede entenderse sin nuevos elementos como el acceso a la energía eléctrica o al agua, por mencionar algunos. Poca gente sabe que por iniciativa de un servidor, el Congreso utilizó su facultad iniciadora de reformas constitucionales para solicitar la incorporación del derecho humano de acceso a la energía eléctrica a la Constitución Política de México. Igualmente, poca gente sabe que, por nuestra iniciativa, se llamó a comparecer a las autoridades de CFE para abrir un amplio debate con la sociedad para revisar protocolos de actuación de la empresa.
Estos antecedentes los presentó aquí pues, en días recientes, se han agravado las protestas derivadas del adeudo que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca con la CFE. La respuesta de CFE ha sido cortar la luz a los pozos que abastecen el agua a ciertas colonias del municipio. Las consecuencias: no hay sanciones para el Ayuntamiento por no cubrir los pagos, CFE continúa cortando la luz de pozos, los ciudadanos son los que sufren con el no abastecimiento del vital líquido.
En este tema se unen dos puntos fundamentales en el nuevo entorno de derechos humanos: privar al ciudadano de agua por falta de pago de la luz de los pozos. Me queda muy claro que el responsable de este problema es el Ayuntamiento de Cuernavaca. Queda muy claro, también, que no se trata de un impago personal al recibo de la luz (se supone que nosotros cubrimos el pago de esta luz en nuestros recibos del SAPAC), queda igualmente claro que CFE no sanciona al responsable directo del impago (ayuntamiento), ¡no! Con su actuación sanciona de manera indirecta al usuario indirecto del servicio de luz: el ciudadano.
El tema que desde años hemos abanderado no es defender a quienes no pagan (como lo dejaron ver algunos usuarios frecuentes del Twitter), tampoco es defender al Ayuntamiento de Cuernavaca (como lo mencionaron otros recurrentes usuarios de Twitter, un poco más atolondrados)… nuestro tema es buscar que CFE utilice otros mecanismos coercitivos hacia quienes no pagan que no sea el corte del servicio ¿O qué pretenden, que se deje a las personas sin luz y sin agua cuando son elementos indispensables para entender la dignidad del ser humano?
Una posibilidad sería anclar el pago a embargos de bienes materiales, otra podría ser anclar el adeudo de los Organismos Operadores de Agua a sus participaciones (de manera directa), o bien, revisar un sistema de pago más equitativo para quienes pueden pagar y otro menos duro para quienes no tienen esa posibilidad. El tema es abrir un amplio debate que parta de una premisa: no es posible cortar el servicio de luz y/o agua al ciudadano por lo que implica en nuestras vidas.
Por supuesto entiendo que no es algo plenamente consensado. Muchas personas opinarán que todos deben pagar y si no, “que se frieguen” (¡así lo dicen!), pero desde mi punto de vista seguiré defendiendo la posición de tratar como un derecho humano el abastecimiento de estos dos elementos.
Finalmente y, como consejo al Ayuntamiento, la Ley de Ingresos 2020 prevé un mecanismo de condonación a Organismos Operadores de Agua bajo la lógica de no volverse a retrasar en los pagos: ¡úsenlo! Y recurran a él para que el famoso adeudo no sea más un elemento de división social. Y eso sí: sólo se usa una vez… el tema no es “no pagar”, el tema es que no nos afecten a los ciudadanos.