“Los estudiantes no fueron incinerados” investigación CIDH

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Una investigación foránea e independiente sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México desplomó este domingo la versión oficial según la cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero.

“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que debe continuar la búsqueda de los estudiantes, de acuerdo con el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que llegó a México hace seis meses.

En sus más de 500 páginas, la investigación independiente critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la fiscalía: un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.

Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen.

A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto informó que pidió a las autoridades mexicanas tomar en cuenta los resultados del GIEI para investigar los sucesos del 26 de septiembre en Iguala.

La tarde de este domingo, los familiares de los estudiantes desaparecidos exigieron al presidente una audiencia por el informe de los expertos independientes, poco después de que la PGR, ahora a cargo de Arely Gómez, anunciara un nuevo peritaje en Cocula donde presuntamente se realizó la calcinación.

Según una “verdad histórica”, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó en enero pasado que, la noche del 26 de septiembre del año pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana Iguala. Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas.

Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival.

Los cadáveres, según la versión de la PGR, fueron incinerados en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.

En el basurero de Cocula “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, concluyó José Torero, un reconocido perito peruano que participó de la investigación independiente.

El experto añade que no se observan los daños que resultarían de un fuego tan importante y que no existe evidencia de que el combustible necesario estuviera disponible en las cercanías.

Así, el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de cremación públicos y privados en los municipios aledaños.

Los desesperados padres de los 43 estudiantes han encabezado multitudinarias marchas en todo el país, gritando a los cuatro vientos que sus hijos aún están vivos.

El laboratorio de Innsbruck, Austria ha analizado restos humanos calcinados encontrados en la zona, pero solo ha podido identificar a uno de los estudiantes.

Por otro lado, el informe deplora que la policía estatal, federal y el ejército no auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques e incluso recibir llamadas de auxilio.

Muchos lesionados permanecieron sin atención médica, lo que “en algún caso probablemente precipitó la muerte”, mientras que dos de los normalistas muertos en los ataques armados quedaron tendidos en el suelo por más de dos horas y bajo la lluvia, señalan los expertos, que no tuvieron autorización para entrevistar a militares.

El evidente vínculo entre el crimen organizado y las autoridades, así como los prontos resultados de la investigación oficial, indignaron a la esfera internacional con pronunciamientos por parte de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.