Activistas, inmigrantes y comerciantes de Wisconsin se manifestaron ayer de forma masiva en Milwaukee, en “Día Sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados”. La marcha fue convocada en repudio a la política migratoria y xenófoba del presidente y el “colaboracionismo” de las autoridades locales.
Organizadores de “Voces de la Frontera” señalaron que fueron miles las personas que llegaron en autobuses desde ciudades de todo el estado para marchar más de 3 kilómetros por el centro de la ciudad hasta el edificio de la Corte del Condado de Milwaukee.
Durante la marcha los participantes desplegaron pancartas y banderas de Estados Unidos y México, corearon “Sí, se puede” y exigieron la renuncia del alguacil del condado de Milwaukee, David Clarke.
En respuesta, el alguacil Clarke excusó su ausencia en la protesta con un comunicado en el que dice: “Estoy ocupado, trabajando con agentes de ICE y ayudando a identificar indocumentados criminales”.
Pese al desafío del alguacil, Sulma Arias, del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), dijo que la protesta de ayer puede ser el primer paso hacia una “resistencia nacional a las órdenes ejecutivas extremas que criminalizan a inocentes inmigrantes que cumplen con las leyes”.
Está previsto un boicot para el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, que involucraría una cantidad de ciudades y grupos todavía no determinados por los organizadores, que estuvieron reunidos durante el pasado fin de semana en Boston para planificar detalles.
Los activistas estimaron que más de 150 negocios cerraron ayer sus puertas para participar en una protesta que afectó a restaurantes, hoteles, fábricas, al sector agrícola y a la industria lechera, que en buena medida dependen de la mano de obra inmigrante.
Naomi García, que viajó desde Green Bay, dijo que la unidad que demostraron hoy los inmigrantes “es fundamental para que podamos hacer la diferencia y obligar a un cambio”.
La movilización surgió en medio del inicio de una ola de redadas migratorias en una docena de ciudades del país y en rechazo a la decisión del alguacil de adherirse al programa 287g.
La polémica iniciativa quedó sin efecto durante el Gobierno de Barack Obama, pero fue revivida por las órdenes ejecutivas de Trump, quien quiere convertir a las policías locales en agentes migratorios para detener inmigrantes y canalizar su deportación.