Por: Ricardo Ravelo
La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) emitió una recomendación al gobierno de esa entidad, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, por la muerte de 18 adultos mayores que se encontraban en el albergue localizado en el municipio de Temixco, el cual depende del DIF estatal que preside la esposa del Mandatario, Natalia Rezende Moreira.
La tragedia comenzó a principios del 2021, cuando el doctor Leodegario Almanza Aponte, exsubdirector del albergue, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para denunciar que en dicho lugar había numerosos problemas, entre otros, la falta de medicamentos para atender enfermedades crónico-degenerativas. Ninguna autoridad atendió el problema.
En su queja, el galeno dijo que en el mes de diciembre de 2020 se contrató personal que no estaba suficientemente capacitado para atender las necesidades de los adultos mayores; también acusó respecto de actos de corrupción, pues funcionarios del DIF solían inflar los costos de medicamentos hasta tres veces por encima de su precio real.
Otros hechos de corrupción, también denunciados, consistieron en la “ordeña” de dinero de las tarjetas de débito de los ancianos. De esa manera les sustraían los recursos de sus pensiones y apoyos del programa Bienestar, implementado por el Gobierno Federal. El saqueo, de acuerdo con Almanza Aponte, continuó incluso después del fallecimientos de varios de los adultos alojados en el albergue del DIF.
a falta de medicamentos, las deficientes atenciones médicas causaron que los padecimientos de los adultos mayores se agravaran: padecían enfermedades como diabetes, problemas neurológicos, entre otros, a los que se sumó el mortal Covid-19: los ancianos se contagiaron: comenzaron a presentar altas temperaturas, dolores de cabeza, saturación al 70 por ciento, lo cual se agravó por falta de atención médica. La CDHM concluyó que la muerte de los adultos mayores fue por omisión de cuidados, pues a pesar del grave estado de salud las autoridades y los médicos no actuaron ni trasladaron a los enfermos a hospitales para ser atendidos. Simplemente los dejaron morir, por los que los finados fueron catalogados como víctimas.
El 19 de enero de 2021, el doctor Leodegario Almanza expuso en su queja: Desde noviembre pasado la dirección general del DIF Morelos nos informó que no había presupuesto para medicamentos, que si podía yo en mi carácter de médico y subdirector del albergue reducir la demanda de medicamentos. En el albergue contamos con una población de 25 adultos mayores en vulnerabilidad social, con enfermedades crónicas degenerativas y con padecimientos psiquiátricos…La situación continuó, sin embargo, a finales de noviembre fui obligado a renunciar, sin gozo de liquidación.
Personal del albergue que sigue en contacto conmigo me siguen pidiendo que consiga las donaciones que solía conseguir con los representantes médicos y me informan que continúan sin medicamentos, los usuarios están complicándose y los pacientes psiquiátricos están inquietos y sufriendo.
Dicha práctica es considerada tortura institucional. Cabe mencionar que las facturas de meses anteriores presentan costos inflados de hasta el triple del costo real de medicamentos. Por otro lado, en el mes de diciembre, por contingencia, fue contratado personal para apoyo en todos los albergues del DIF, dicho personal no tiene experiencia como cuidadores y no están contratados con prestaciones, no cuentan con seguro social.
Finalmente y como un punto muy delicado, existe en las arcas del DIF-Morelos, en calle Quintas, una cantidad grande de dinero que fue extraída de cajeros automáticos de las tarjetas de Bienestar de los usuarios, incluso de usuarios finados. Esta práctica data del sexenio anterior (Encabezado por el entonces gobernador Graco Ramírez), pero continuó en la presente administración.
En alguna ocasión se realizó una reunión con el procurador del DIF, dirección general, dirección de centros de asistencia social y de finanzas, donde acordamos denunciar los hechos y dar aviso a SEDESOL, sin embargo, hoy todos los que estuvimos en la reunión fuimos renunciados. No se presentó la denuncia y la carpeta donde se contienen los estados financieros y pruebas de esto está desaparecida. Me la han requerido por oficio después de mi “renuncia” pero dicha carpeta la última vez que la vi fue en dicha junta y se quedó en las oficinas de dirección general del DIF.
Uno de los puntos críticos que se abordan en la recomendación de la CDHM es el caso del adulto mayor Manuel Salgado Montes, de 79 años de edad, contagiado de Covid-19: Lo criminal de este caso es que al señor Manuel Salgado Montes…lo dejaron morir por falta de medicamentos y negligencia , pues a pesar de que presentaba síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza y saturación (insuficiencia de oxigenación) nunca lo atendieron ni se dieron a la tarea de trasladarlo a un hospital.
El anciano murió el 21 de enero y la causa de su muerte fue por omisión de cuidados.
Hasta las 7:15 de la noche del jueves 28 (enero 2021) la situación en el albergue era más que crítica: se pudo confirmar que un total de 14 adultos mayores se habían infectado de coronavirus, cuatro de ellos están hospitalizados y, además, hay nueve trabajadores que dieron positivo.
Otra de las denunciantes de las anomalías en el albergue para adultos mayores –Adriana Ontiveros Ortiz, enfermera del albergue –narró ante la CDHM. Relató: Ingresé a trabajar en el mes de octubre de 2020 al albergue del adulto mayor…durante mi estancia en el momento en que ingresé las personas adultas, dentro de lo que cabe, se encontraban bien de salud, al cambio de administración noté que empezaron a deteriorar su salud, quiero mencionar que en ningún momento el doctor que se encargaba del albergue en ese momento, de nombre Raúl “NN”, los atendía de forma correcta y/o necesaria, siendo omiso, es el caso que en el mes de enero hubo contagio de Covid-19 del cual salimos tres enfermeros contagiados, falleciendo aproximadamente cinco adultos mayores derivado de la falta de atención médica ya mencionadas.
Quiero manifestar que hubo carencia de medicamentos por lo que se tuvieron que suspender algunos tratamientos… incluso posterior de los cinco fallecidos de los cuales, por ejemplo, la señora de nombre Victoria “NN” era diabética y derivado de que le dio Covid-19 hubo un deterioro en su salud, presentando escaras, las cuales se reportaban al médico, siendo éste omiso, por lo que la señora Victoria no tuvo los cuidados necesarios en su tratamiento y físicamente falleció, de igual manera el señor Osvaldo “NN” utilizaba zonda debido a un problema de próstata, a quien tampoco se le dio la atención…
Dice, además, que en junio del año 2020 acudió al albergue para pedir ayuda para su tío de crianza, Salvador Becerra Guerrero. Solicitó que, para atender sus problemas de salud, los trasladaran a un hospital. Le dijeron su solicitud se sometería a la consideración de un Comité. La negligencia y la burocracia se prolongaron y el paciente falleció de un paro cardiaco, según le informaron. Sólo le entregaron las cenizas.
La resolución de la CDHM le otorga a los adultos mayores fallecidos el carácter de “víctimas directas”. Y enseguida se mencionan los nombres de los fallecidos por omisión de cuidados en el albergue del DIF de Morelos:
Keliamoff Lago Rosa Elena, Santillán Gómez Elena Olalia, Osorio Gómez María Guadalupe, Montenegro Reyes Irma,, García Moctezuma Francisco, Arias Vega Nieves Jalil Guadarrama Rafael, González Alcantar María Elena, Navor Navarro Pedro, Porcayo Delgad Baltazar, Serrano Martínez María Francisca, Navarro Casanova Alejandro, Márquez Ramos Margarita, Chávez Ceguera Luis, Marchan González Félix, Gómez Chávez Victoria, Salgado Montes de Oca Manuel, Martínez Sánchez Irene, Salinas González Modesto, Villa García Domingo, Navarro Hernández David, entre otros.
Añade la CDHM en su resolución: “Esta Comisión se reserva la posibilidad de otorgar la calidad de víctima a otras personas que acreditan haber sufrido un daño o menosprecio en sus derechos humanos, con motivo de actos y omisiones de la siguiente queja.
La CDHM, en sus conclusiones y recomendaciones, solicita a la titular del DIF, Natalia Rezende –y a otros funcionarios de este organismo –que ofrezcan una disculpa pública en la que se reconozca las violaciones graves a derechos y condenar los actos y omisiones. El plazo para ello es de treinta días a partir de la emisión de la recomendación. También le solicitan la reparación de los daños, se corrijan anomalías y corruptelas y se garantice el derecho a la vida.
De igual forma, la CDHM pide la Fiscalía integre las respectivas carpetas de investigación para proceder al castigo de los responsables de la negligencia médica y la omisión de cuidados, así como los probables actos de corrupción denunciados.
A todo esto se suman otras peticiones, como la capacitación del personal del albergue, investigaciones administrativas y penales. También se le solicita al fiscal General del Estado vigilar que se le de curso a la carpeta SC01/3644/2021; a la Fiscalía anticorrupción se le solicita que supervise que el Ministerio Público lleve a cabo de manera pronta y expedita todas las diligencias al respecto.
Respecto de los fallecidos y anomalías en el albergue de adultos mayores, en el gobierno de Morelos sólo priva el silencio en cuanto a estos hechos.
Y lo peor: Existe el riesgo de que tanto las muertes como las corruptelas queden envueltas en la impunidad.