El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Hernández Cruz, reveló que fue notificado de su destitución como ombdusman y de su inhabilitación por seis años del servicio público por parte de la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal.
La medida fue calificada por Hernández Cruz como «un nuevo ataque del Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo».
«Esto en una embestida que ya había iniciado desde hace tiempo en virtud de lo publicado en diversos medios nacionales en torno a los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes presuntamente cometidos contra menores que el Poder Ejecutivo tiene bajo su custodia a través del Sistema DIF Morelos.
«A lo que se han sumado una serie de investigaciones que han incomodado sobre la grave situación de los penales, así como por omitir el pago de la reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y diversas resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto dándonos la razón», declaró en una conferencia de prensa vía remota, a través de redes sociales.
Hernández Cruz aseguró que recibió amenazas del Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, haciéndole saber «que pensara en su familia, hijas y esposa, en su patrimonio y su seguridad».
Por ello, sus familiares tuvieron que salir del estado y ahora radican en el extranjero.
Luego de recibir la notificación por parte de la Contraloría la mañana de ayer, el ombudsman detalló que, con las acciones, se confirma lo dicho por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hace pocos días emitió un pronunciamiento, donde expresa su preocupación por las amenazas de gobiernos de Latinoamérica, entre ellos el de Morelos, «para socavar organismos de derechos humanos».
Manifestó que Cuauhtémoc Blanco «ha desviado» las atribuciones que tiene como jefe del Ejecutivo para pretender minar la autonomía de la CDHM.
«En este procedimiento de manera arbitraria se me acusa de conductas que además de que no cometí, están derogadas desde 2017, y la facultad de investigarlas está prescrita por mucho tiempo, y han caducado las facultades de la autoridad administrativa de la Contraloría para determinar dicha responsabilidad, e imponer la sanción que hoy se notifica».
El presidente de la CDHM lamentó que mientras los delincuentes de homicidios y feminicidios no son detenidos en flagrancia, los defensores de derechos humanos tengan garantizada la persecución política.
El Gobierno estatal confirmó, a través de un comunicado, de la resolución definitiva de la Secretaría de la Contraloría contra el ombdusman, derivada de un procedimiento administrativo sancionatorio, en el que resultó responsable Hernández Cruz, quien se desempeñaba como director jurídico en la administración del ex gobernador Graco Ramírez.
Las sanciones impuestas son de destitución e inhabilitación por seis años para ejercer empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, señala el comunicado.
