Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron este jueves un plantón indefinido frente a la residencia presidencial en la capital mexicana para exigir justicia sobre los hechos, que cumplen 14 meses.
Un grupo de varios centenares de personas acompañó a los padres de los jóvenes en una marcha que partió desde el Ángel de la Independencia y recorrió el Paseo de la Reforma hasta alcanzar casi la residencia de Los Pinos.
Ante fuertes medidas de seguridad y decenas de policías antimotines,los padres instalaron una carpa frente a las vallas que se habían instalado en la cercana Calzada de Chivatito para proteger el recinto.
Minutos antes, realizaron un mitin en el que explicaron que el objetivo del plantón es exigir, entre otros asuntos, el nombramiento de un grupo técnico de investigación para que realice las nuevas líneas de búsqueda, así como de un fiscal especial para este caso.
El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, informó que esperan que los dejen hacer el plantón indefinido porque es su derecho y explicó que seguirán allí hasta que el gobierno federal los reciba y cumpla sus exigencias.
Aunque la marcha transcurrió sin incidentes, en ella participó un grupo de encapuchados, quienes al llegar a Los Pinos intentaron increpar a los policías y lanzaron gritos, aunque se retiraron después de que los propios padres se lo solicitaran.
Este jueves se cumplen 14 meses desde que el 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueran atacados a tiros por policías corruptos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, en un informe presentado en septiembre pasado, los expertos de la CIDH concluyeron que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, como aseguró la fiscalía, pidieron continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.
Este caso conmocionó a la sociedad mexicana e internacional y sacó a la luz la complicada situación de violencia que vive el estado de Guerrero y municipios como Iguala o Tixtla, donde se encuentra la escuela Normal a la que pertenecían los alumnos.