El diputado Julio César Solís Serrano presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 23, ambos de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que los beneficiarios de los miembros de dichas instituciones que fallezcan en el cumplimiento de su deber, reciban una pensión al 100% con respecto al último sueldo percibido por su familiar.
El legislador dio a conocer que la pensión que reciben los funcionarios “no es una concesión gratuita”, sino un derecho “que adquiere el trabajador por prestar sus servicios a la función pública y tiene como finalidad procurar los medios de subsistencia necesarios en caso de una incapacidad para el trabajador por vejez o invalidez”.
Detalló que, en el caso de policías y elementos de procuración de justicia, la Constitución Federal los ubica en un régimen distinto al de los demás servidores públicos, “por lo que no les son aplicables las prestaciones o beneficios que se contemplan en las disposiciones previstas para el servicio civil, y es el estado quien “debe fortalecer el sistema de seguridad social de dicho personal”.
Explicó que en Morelos, las prestaciones de seguridad social se contemplan en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, instrumento normativo que “garantiza el derecho a la salud, a la asistencia médica, a los servicios sociales, así como al otorgamiento de pensiones, previo cumplimiento de los requisitos legales”.
Tras detallar que la muerte del policía es la que activa el beneficio del pago de la pensión por viudez, orfandad o ascendencia, si no se encontrase dentro de la hipótesis de años de servicios contemplados, el diputado lamentó que, en estos casos, sólo se otorga “el 50% respecto del último sueldo”.
Por ello consideró que “la cantidad que reciben los beneficiarios no es suficiente para tener una vida decorosa y digna como la que pudieran haber alcanzado si su familiar siguiera con vida, esto derivado de que no reciben la misma cantidad que percibía el elemento de seguridad pública cuando se encontraba en activo”.
Ante este escenario calificó como “injusto que los beneficiarios de los policías abatidos no reciban la pensión al 100%, por lo que en un acto de reconocimiento a esta invaluable labor y su importancia para el estado, es que se les debe entregar el total del salario, sin importar el tiempo que haya prestado sus servicios”.
