El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuvo su primera intervención ante la justicia mexicana donde mostró una actitud tranquila y pausada, con su característica voz aguda, incluso hasta con ligeras sonrisas y muecas de extrañamiento ante las acusaciones que el ministerio público de la federación le expuso este lunes durante la audiencia ante al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde sólo pudo demostrarle 38.5 millones de pesos de los 439 que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
Poco antes de iniciar la audiencia, a las 17:03 horas, el ex mandatario pidió comida, acto que retrasó el arranque de la misma de por lo menos media hora, después del viaje de Guatemala tras haber sido extraditado por una orden de aprehensión liberada por el mismo juez, Gerardo Moreno García, quien escuchó las posturas de la defensa y de la parte acusadora por al menos cinco horas y media, tras una hora de receso pedido por la defensa para el análisis de la carpeta de investigación que fue colocada en tres cajas.
Como parte de la estrategia de su defensa, Duarte de Ochoa realizó 12 preguntas a los funcionarios para que le demostraran cuáles eran las dependencias estatales, de las cuales supuestamente se desviaron recursos en su beneficio, las fechas de las transferencias, los montos y las empresas a las que se destinaron este dinero.
Ante las insistentes preguntas aclaratorias del ex priista, Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nely Nabor Alvarado, fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delito Federales (SEIDF) demostraron un claro desconocimiento del caso, el cual fue señalado por el mismo juez de Control.
Los representantes de la PGR no supieron responder con certeza cuántas parcelas habían adquirido en Campeche los presuntos prestanombres de Duarte de Ochoa, los cuales habrían sido revendidos, según la investigación, a precios exorbitantes en operaciones simuladas, hechos medulares que busca la PGR involucrarle al ex gobernador.
También, el Ministerio Público de la Federación recordó los cuatro departamentos en Ixtapa Zihuatanejo, tres terrenos en los alrededores de la Calle de Sierra Fría en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, una lancha rápida italiana, joyas en la zona de Polanco y el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México.
Guevara Pérez, actualmente director General de Procesos y Amparo en Delitos Federales de la PGR, reconoció ante el juez de Control que sólo contaban con información para justificar 38.5 millones de pesos de los 439 millones 662 mil 979 pesos que presuntamente el gobierno de Veracruz depositó a empresas fachada, para después depositarlos a sus testaferros a través de la compra venta de tierras en Campeche.
Y es que la parte acusadora cuenta con información documentada de que en los años 2015 y 2016 la Secretaría de Educación de Veracruz destinó recursos a la empresa Solaris Technologies, la cual alimentaba cuentas de Bepha Inmobiliaria y Sakmet Inmobiliaria para después abastecer de dinero a Terra Inmboliaria y Consorcio Brades, las cuales compraban terrenos en Campeche a nombre de Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro, presuntos prestanombres de Duarte.
Sin embargo, los fiscales no pudieron justificar más allá de los 38.5 millones de pesos, por lo que el juez Moreno García llamó en un par de ocasiones la atención a la parte acusadora por presentar cifras disparadas en las acusaciones que se siguen al ex priista.
«Cuando giré la orden de aprehensión me dijo su homólogo que el precio de una era de 250 mil y otra de 100 mil pesos. No puedo fingir demencia y decir que no conozco el caso.
«Si les cuesta trabajo, puede ser por la carga de trabajo, pero esa no es atribuible al juzgado o a la defensa», les comentó el juzgador a los representantes del Ministerio Público de la Federación por la poca preparación y desconocimiento del caso y acusaciones que pesan en contra de Duarte de Ochoa.
El juez de control reservó ayer el nombre del acusado durante la audiencia de imputación, donde los fiscales se dirigieron a al ex mandatario como JDDO, es decir las iniciales de su nombre completo.
Sin embargo, su abogado Marco Antonio del Toro manifestó que no tenía inconveniente en que los medios de comunicación lo mencionarán por su nombre.
«Mi cliente se llama Javier Duarte de Ochoa», dijo el litigante al salir del Reclusorio Norte.
Al término de la audiencia, el juez recordó a la parte acusadora y a la defensa que su decisión se basará en lo que escuche en las audiencias judiciales, con lo que podrá tomar la decisión de poner en libertad o procesar al imputado.
La próxima audiencia del ex mandatario se realizará el próximo sábado 22 de julio a las 10:00 horas, además de que se le dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de delincuencia organizada y prisión preventiva justificada por el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
«La prisión preventiva justificada es para asegurar su presencia porque eventualmente pudiera suceder que alguno de los delitos pudiera ser eliminado», manifestó el juzgador.