La Procuraduría General de la República (PGR) publicó este domingo en su portal de internet la versión pública del expediente sobre la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
La procuradora Arely Gómez dijo el jueves en su comparecencia ante el Senado que la dependencia a su cargo divulgaría la versión pública de la averiguación previa, compuesta por alrededor de 54,000 hojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
La elaboración del informe “tomó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)”, indica la PGR en su portal.
Ello, a fin de “garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables”, continúa.
Tras el anuncio, Gómez aseguró que el informe se publicaría antes de siete días y destacó que esta es “la primera ocasión en que una averiguación previa se abre mediante una versión pública”.
La totalidad de dicha versión está disponible para descarga en formato PDF, y si se quiere acceder al expediente de forma física, o solicitar copia simple o certificada del mismo, se puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema Infomex, detalla el órgano.
Por ello, en las distintas hojas que configuran los 85 tomos y 13 anexospueden encontrarse varias partes del texto rayadas en negro, constató Efe.
Pese a esta protección, el abogado de las familias de los jóvenes, Vidulfo Rosales, señaló el jueves que la publicación supone un riesgo para la seguridad de las víctimas y para los estudiantes supervivientes que han dado un testimonio «que resulta fundamental en la investigación».
La noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala, en el sureño estado mexicano de Guerrero, por policías corruptos.
En el ataque perdieron la vida seis personas, incluidos tres estudiantes, y 43 más fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero, según la versión de la fiscalía.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)cuestionó en septiembre pasado dicha versión, denunció graves irregularidades en las pesquisas y apuntó a una nueva hipótesis sobre el móvil del crimen.