Luego de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) presentó fragmentos de videos en los que posiblemente aparecía el adolescente Marco Antonio al mostrar el tránsito constante de una patrulla y a una persona «sin golpes» pero se le observa con la cabeza cubierta por la capucha de una sudadera, en distintos puntos de la Delegación Azcapotzalco; defensores repudian el acto con que que las autoridades capitalinas «pretenden desacreditar las acusaciones en contra de los agentes policiacos que lo detuvieron ilegalmente y que están acusados de desaparición forzada».
Los defensores insisten que el padre del muchacho, Marco Antonio Sánchez asegura que «no es su hijo» el joven que aparece en los videos recién presentados por la PGJ-CDMX y así lo hizo saber desde el pasado sábado 3 de febrero cuándo el fiscal del caso les mostró algunas imágenes; ambos padres rechazaron que fuera su hijo. A la persona que se muestra «no se le ve su rostro y no corresponde con las características de Marco Antonio».
Expresamente solicitaron al fiscal no seguir filtrando información a los medios de comunicación y notificar previamente a la familia y equipo jurídico antes de cualquier anuncio sobre el caso.
«Resulta preocupante que la Procuraduría capitalina siga violentando la ley y los derechos de las víctimas; Marco Antonio como víctima y menor de edad tiene una protección reforzada con respecto a su imagen e identidad», señalan REDIM, Red por los derechos de la Infancia en México; ODI, Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancia; y el IJPP, Instituto para la Justicia Procesal Penal.
Las agrupaciones subrayan que los padres del joven solicitaron a la Procuraduría «dejar de exhibir en medios de comunicación información sensible, sin embargo, pasando por alto las medidas emitidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la orden de un juez federal, nuevamente presentaron información reservada, incurriendo en desacato al amparo federal».
La violación al amparo es constitutiva de responsabilidades, incluso de carácter penal al incumplir la suspensión concedida a favor de Marco Antonio por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia de Amparo 66/2018, enfatizaron.
Los defensores humanitarios urgen a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a deslindarse públicamente de los señalamientos realizados por el Procurador que aseguró atender indicaciones de esta entidad para impedir el acceso a la carpeta de investigación y expediente médico por “reservar datos personales” violando los derechos humanos de la víctima y su familia.