En la Cámara de Diputados, el líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, acusó a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) de haber pasado de legisladores a “secuestradores” del recinto parlamentario.
Lo anterior, al amagar de manera “absurda” con impedir se apruebe el “pase automático” al fiscal General de la República, cuando esa discusión no le corresponde a San Lázaro, sino al Senado de la República, dijo.
“Estamos en la puerta de una crisis constitucional, que paradójicamente está siendo provocada por quiénes de legisladores, pretenden erigirse en secuestradores de una de las cámaras del Congreso de la Unión”, atajó.
“En consecuencia, en lugar de estar pidiendo que se convoque a un diálogo extra muros, convocar ya a la Junta de Coordinación Política” para tratar el tema de la Mesa Directiva, y no pretender que intervenga el Gobierno Federal para resolver un diferendo de tipo legislativo.
Al revirar a la exigencia hecha por los opositores, de convocar al diálogo con el titular de la Secretaría de Gobernación para resolver la polémica del “pase automático” al Fiscal y evitar la parálisis legislativa, el diputado Camacho respondió tajante que el funcionario no acudirá a San Lázaro.
Si este 5 de septiembre, al filo de las 23:59 horas no se ha elegido la Mesa Directiva, se analizará promover acciones jurídicas contra quienes de manera injustificada, inmadura y riesgosa, insistió, tienen al Congreso al borde de una crisis constitucional.
“Si después de mañana no hay nueva Mesa Directiva, habrá acefalía, no habrá cabeza en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la única responsabilidad o bien, la responsabilidad caerá exclusivamente en los grupos que no garanticen, como dice la ley, que esto ocurra”, sentenció.
Sin adelantar detalles, señaló que las opciones legales a la mano, incluyen solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien, acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de un juicio de protección de derechos políticos, a fin de que alguna de esas instancias ordene a los congresistas a cumplir sus funciones y en caso de que no lo hagan, sean sancionados.
Si el diálogo y la sensatez no cabe en los diputados del llamado “frente opositor”, incluso solo en algunos de ellos, en especial los panistas que no están de acuerdo en llevar los conflictos personales y políticos de su dirigente nacional a la escala del Legislativo, “por supuesto que recurriremos a mecanismos de orden constitucional, que no es la controversia”, aclaró.
“Encontraremos en mecanismo judicial constitucional para que no se siga subvirtiendo el orden constitucional y el orden legal”, remarcó.
“Y claro que es la Corte, ojo, o el Tribunal Electoral. Alguien me diría que este no es un asunto electoral, es un asunto de derechos políticos, pero no voy a adelantar más, porque así lo decido. Lo que es cierto es que tendrá que ser por supuesto una instancia judicial superior. Recuerden ustedes que las decisiones del Tribunal Electoral son inatacables, inapelables, como las del pleno de la Corte”, afirmó.
Camacho Quiroz recalcó que hasta el momento, la Mesa Directiva a cargo de la panista Guadalupe Murguía tiene legalidad y la tendrá hasta este martes 5 de septiembre.
Si se somete a votación el acuerdo sobre la Mesa avalado en la Junta de Coordinación desde el pasado jueves 31 de agosto, y no se alcanza la mayoría calificada de dos terceras partes, la crisis constitucional se desatará, pues la Cámara quedará “acéfala” y no podrá someter a discusión ni el paquete económico del 2018 ni algún otro dictamen.
Por ello, en lugar de pedir la intervención del Ejecutivo en torno a un conflicto que es ajeno a los diputados, porque ellos no decidirán el tema del Fiscal General, la Junta de Coordinación debería llamar al diálogo a los líderes parlamentarios.
Insistió en que es absurdo que los “secuestradores” soliciten que intervenga el secretario Osorio Chong; es paradójico y un sinsentido, cuando tienen las vías para dirimir el conflicto, pero prefieren poner en crisis al Legislativo, como no había sucedido ni durante el mandato de Felipe Calderón, argumentó.
Presionar para que una Cámara resuelva los asuntos de la otra es una postura “crasa e irresponsable”, añadió, aún más cuando el conflicto central es un pleito político entre panistas, que no debería afectar el trabajo parlamentario, como “caprichosamente” está sucediendo.
Aprovechó para recordar a los panistas que cuando ellos tuvieron en sus manos la Mesa Directiva, como ocurrió en el último año de la Legislatura, los priistas no lo impidieron ni ejercieron maniobras para trastocar ese acuerdo.
Advirtió que si el líder panista, Ricardo Anaya, y quienes lo secundan pretenden usar la Cámara de Diputados para “lavarse la cara” en medio de los conflictos internos que enfrentan, en particular por las revelaciones periodísticas sobre el patrimonio de sus familiares, están equivocados y están tocando una puerta que no les corresponde.
Tras aclarar que la problemática con la Mesa Directiva no se resolverá con la intervención de la Mesa de Decanos de la Cámara, porque ese organismo no tiene facultades para dirigir los trabajos, señaló que la institucionalidad en el recinto está en franco riesgo.
El congresista indicó que su bancada mantiene el diálogo con legisladores de todas las fracciones, incluyendo la del Movimiento de Regeneración Nacional y panistas inconformes con la parálisis, en quienes se confía muestren sensatez y permitan con su voto, instalar la Mesa Directiva.
En el caso de lo que ocurriría con el paquete económico, que se prevé llegue al recinto este viernes 8 de septiembre, puntualizó que puede ser recibido por el secretario general, pero no podrá ser turnado a comisiones para su estudio, pues esa es facultad exclusiva de la Mesa Directiva. No poder aprobar el presupuesto, alertó, tendría consecuencias lamentables para la economía nacional.
Expuso que ante la visible “pulverización” del PAN, se instará a los legisladores del albiazul que no estén de acuerdo en mantener “secuestrado” al Congreso, que reflexionen y no cedan ante los intereses personales de su dirigente nacional.