La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados adelantó que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y la Ley General del Servicio Profesional Docente, a fin de impedir que ministros de culto y maestros abusen sexualmente de menores de edad y en caso de incurrir en ese delito, sean castigados severamente.
Esto, al igual que aquellos que desde el servicio público o las altas esferas de la jerarquía católica, los encubran.
El diputado Rafael Hernández subrayó que el planteamiento tiene como fin evitar que los infractores referidos sean trasladados de jurisdicción y lugar de operación y queden en la impunidad.
En caso de que así sea, agregó, se deberán aplicar las sanciones que marca la ley, mismas que habrán de endurecerse cuando el delito se cometa con la participación de dos o más personas, en contra de dos o más víctimas y cuando la vida de la víctima quede en peligro.
Asimismo, las penas se incrementarán cuando los “encubridores” tengan algún cargo o jerarquía en el ámbito religioso o bien, magisterial.
“Se pretende con esto que el ámbito de impunidad por encubrimiento se termine en las familias, las escuelas, las iglesias, los centros deportivos y mandemos un mensaje muy claro: que los pederastas y los encubridores ya no deben callar y proteger con el halo de la impunidad, porque una agresión sexual contra niños y niñas es una agresión contra todos los mexicanos”, advirtió.
Acompañado por víctimas de pederastia clerical, como el doctor José Barba, el ex sacerdote Alberto Athie; y Joaquín Aguilar, de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes en México, organización denominada SNAP por sus siglas en inglés, el congresista indicó que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del 2000 al 2012 se registraron 112 quejas por abuso sexual contra menores, mismas que se incrementaron en 82 casos entre el 2013 y el 2014.
Por tales motivos, agregó, es preciso que los agresores y sus cómplices, sean materiales o por encubrimiento, vayan a la cárcel y de ese modo, se desactiven las redes de pederastas que lamentablemente, existen en escuelas, iglesias, centros de entrenamiento y demás sitios de reunión a los que acuden los infantes.
En el caso de los profesores que incurran en esas conductas, y que hayan sido acusados y sentenciados por violencia sexual contra menores, agregó, deben ser ubicados e inscritos en una lista en poder de las autoridades, para impedir legalmente que tengan cualquier tipo de contacto o acercamiento con menores de edad.
“Respecto al Código estamos proponiendo equiparar el encubrimiento o el delito de pederastia. Así también que cuando participen en el delito más de dos personas, la pena sea elevada en dos tercios y cuando haya una relación jerárquica entre el encubridor y quien cometa materialmente el delito, ésta sea también penada con un incremento de medio más cuando se compruebe que haya la relación derivada de una relación laboral o simplemente una estructura jerárquica, que por la misma les da una autoridad moral superior”, apuntó Hernández Soriano.