Propuso además reformar la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado en materia de estímulos y sanciones.
Tras subrayar que solicitar a la mujer trabajadora que presente certificado médico de no embarazo para su ingreso al empleo, constituye violencia y discriminación, la diputada Verónica Anrubio Kempis, externó la urgencia de modificar el marco jurídico, para prohibir este requerimiento y modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.
Durante la Sesión ordinaria que tuvo lugar este día, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó una iniciativa que plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la ley en comento, y establecer en el mismo que “constituye violencia en el ámbito laboral la solicitud de certificados médicos de no embarazo como requisito para la contratación, permanencia, promoción o ascenso en el empleo”.
Agrega que “así como el despido por este motivo, o bien, la coacción directa o indirecta para que renuncie; así como la discriminación o menoscabo de sus derechos con motivo de su estado de gravidez o embarazo, o por estar en periodo de lactancia”.
En tribuna, la legisladora externó que “no obstante el marco jurídico que pareciera de avanzada, hoy día el embarazo continúa siendo una de las razones primordiales de no contratación o despido laboral en contra de las mujeres”.
“Como Legisladoras, no podemos seguir permitiendo que una mujer sea discriminada por ejercer su derecho a la maternidad, ya que debe decirse que el exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso al empleo, violenta y discrimina a las mujeres, y que a su vez atenta y vulnera sus derechos laborales”, señaló la legisladora.
Enfatizó que como mujer, diputada y Coordinadora del Grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza Morelos, “es mi obligación asegurar que se cuente con un marco jurídico integral, para evitar la discriminación por razón de género en el ámbito laboral”
A la propuesta se sumaron las y los diputados Alberto Sánchez Ortega, Eliasib Polanco Saldivar, Juan José Yánez Vázquez, Julio César Solís Serrano, Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega y Arturo Pérez Flores. La misma fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.
Por otra parte durante la misma sesión, Verónica Anrubio Kempis, propuso reformar la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos en materia de estímulos y sanciones con el objetivo de lograr una verdadera inclusión de este sector tan vulnerable en la sociedad.
La iniciativa propone adicionar dos títulos a dicha ley: el primero de ellos para crear un sistema que otorgue estímulos, subsidios, beneficios o reconocimientos a las personas físicas o morales del sector social o privado que se hayan distinguido por acciones, proyectos o trabajos realizados para las personas con discapacidad en el estado.
El segundo de ellos, para establecer las infracciones y sanciones a las que se harán acreedores los servidores públicos, las personas físicas y morales que trasgredan las disposiciones de la misma, ya sea por acción u omisión.
Ante sus homólogos legisladores destacó que por cuanto a cuestiones socioeconómicas, las personas con discapacidad suelen ser más vulnerables a la pobreza; ello, debido a los costos adicionales que generan, entre otros aspectos, la atención médica especializada, los dispositivos de ayuda o la asistencia personal que requieren.
Abundó que únicamente el 26% de las personas recibe servicios de rehabilitación, y solo el 17% de las personas que requieren dispositivos de ayuda como sillas de ruedas, prótesis o audífonos, pueden acceder a ellos.
“Es una prioridad para mí como legisladora, trabajar en colaboración con todas las autoridades para superar los obstáculos que hay en perjuicio de este sector, para adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”, señaló.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales encargadas de la atención y respeto de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad en el estado, ya que si bien existe una Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad esta se encuentra incompleta y resulta inoperante.
A la propuesta, se sumó el diputado Alberto Sánchez Ortega, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, mismo órgano legislativo a la que fue turnada para su análisis y dictamen.
