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Proponen penalizar a quien promueva o incite al odio

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La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, propuso reformas al Código Penal Federal, para sancionar con uno a tres años de cárcel, 150 a 300 horas de trabajo a favor de la comunidad y multas de hasta 200 días, a quien promueva, fomente o incite al odio, a la violencia y a la discriminación.

El coordinador Clemente Castañeda pidió que las sanciones se incrementen en un 50 por ciento, cuando las expresiones de odio se difundan a un gran número de personas, a través de medios de comunicación o tecnologías de difusión masiva, como redes sociales.

Castañeda Hoeflich señaló que el propósito es ampliar las sanciones a conductas y sus agravantes, que afecten la dignidad, derechos e incluso la integridad de las personas.

“El discurso de odio puede generar un clima de discriminación y trivialización o justificación de delitos como feminicidios y violación de derechos fundamentales de grupos vulnerables”, dijo.

Afirmó que es necesario atender la problemática de los crímenes por odio en el país, para poner freno a situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y también de la sociedad.

Recordó que en el país ya hay disposiciones contra la promoción del odio, la violencia y la discriminación hacia sujetos en particular o bien, contra determinados grupos o población; sin embargo, los elementos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, son insuficientes.

Señaló que la Constitución establece, en su artículo primero, que queda prohibida todo tipo de discriminación; aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido criterios sobre los discursos de odio y violencia, a fin de diferenciarlos de la libertad de expresión o de manifestación.

Agregó que tratados y disposiciones internacionales a los que México está adscrito, también contemplan obligaciones para combatir los discursos de odio, condenar la propaganda que incite a la violencia y la discriminación; aunado a que conminan a los estados a legislar en la materia.

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