* Para lograr la reinserción social el tratamiento del interno debe ser individual, eficiente y acorde al perfil y delito
Cuernavaca, Morelos; 12 de octubre de 2022.- Al considerar que en la entidad “el fin de la readaptación no se ha cumplido en su totalidad”, el diputado Julio César Solís Serrano, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso sostuvo que “pugnaremos para que se asignen mayores recursos” no sólo al área de seguridad pública, sino también que éstos lleguen a la autoridad encargada del sistema carcelario”.
En el marco de la presentación del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021, a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humano del Estado de Morelos (CDHM), Solís Serrano refirió que “se ha buscado una reforma constitucional para cambiar la figura de readaptación social a reinserción social a fin de buscar y cumplir con el objeto de dicha evolución y transformación del sistema”.
Finalmente, el diputado consideró que “para lograr la reinserción social el tratamiento del interno debe ser individual, eficiente y acorde al perfil y delito”, y agregó que la responsabilidad del Estado es considerar siempre la contratación de personal competente para lograr el cometido de las reformas, caso contrario, “todo tratamiento se descontinúa por la sobrepoblación que se atiende en el interior del penal y el resultado es una política penitenciaria fallida”.
Por su parte, el diputado Alberto Sánchez Ortega, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y Atención a Víctimas del Congreso de Morelos consignó de manera específica que el Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021 reveló resultados que “dejan al descubierto las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad”.
Consideró que “el hacinamiento, la falta de acceso a la educación, trabajo, salud y deporte, así como de áreas adecuadas para la lactancia, la recreación y el sano desarrollo de las niñas y niños que se encuentran en convivencia con sus madres, el personal insuficiente y la mínima capacitación en perspectiva de género, lenguaje inclusivo, violencia contra las mujeres y derechos humanos, son reflejo de la carencia de políticas públicas con perspectiva de género y de infancias”.
Asimismo, reiteró que es evidente que en Morelos “no se cumple con la reinserción social, ya que como demuestra el informe, no se otorga a las personas privadas de su libertad, las herramientas y mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad de una forma productiva”.
Para cerrar su intervención, el legislador dirigió un mensaje a la sociedad: “No tengan duda de que el tema de otorgar mayores recursos a las instituciones encargadas de la seguridad pública de los morelenses, será prioridad para este Congreso”.
Por su parte, durante la presentación del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la CDHM reafirmó su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos, a través de la importante función de supervisar la reinserción social a nivel estatal, a partir de un enfoque diferencial, de género e interseccional al interior de los centros penitenciarios.
En este sentido, el Ombudsperson exhortó a las autoridades de reinserción social para que cumplan con las medidas precautorias, las recomendaciones y las solicitudes emitidas por este organismo público autónomo e hizo un llamado a la sociedad para generar conciencia de que las personas privadas de su libertad siguen siendo “sujetas de derechos humanos y merecen la oportunidad de construir un nuevo proyecto de vida”.
De acuerdo con los datos presentados por Hernández Cruz hasta diciembre de 2021, la población total de los centros penitenciarios ascendía a tres mil 929 personas privadas de su libertad, de las cuales mil 402 se encontraban enfrentando procesos penales y dos mil 527 habían recibido sentencia.
Finalmente, dio a conocer las calificaciones de cada uno de los centros carcelarios: Centro Estatal de Reinserción Social Femenil “Morelos”, de Atlacholoaya, 7.82; Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes, 7.60; Centro Estatal de Reinserción Social de Jonacatepec, 7.58; Centro Estatal de Reinserción Social de Jojutla, 7.39; Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “Morelos” de Atlacholoaya, 6.92 y Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla, 5.85, lo que dio como resultado9 un promedio general de 7.19.
