Repudian explotación laboral a niños jornaleros en San Lázaro

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En la Cámara de Diputados, generó eco la noticia de los niños de origen tarahumara que eran explotados laboralmente en la zona de Comundú, en Baja California Sur, por la empresa denominada “El Cerezo Sociedad Agrícola”.

El vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro y diputado del Partido Verde (PVEM), Tomás Torres, calificó como muy lamentables los hechos y pidió que el Servicio Nacional de Empleo (SNE) vele porque que los jornaleros mexicanos tengan condiciones de seguridad, higiene, dignidad y salario adecuado, en especial los menores de edad.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, exigió castigo contundente a los “sinvergüenzas” que explotaban a los niños y trabajadores agrícolas referidos.

“Es absolutamente inaceptable y lo que nosotros exigimos es un castigo severamente ejemplar para los sinvergüenzas que estaban explotando a estas personas. Eso es inaceptable y no basta con que haya condenas públicas, tiene que haber sanciones verdaderamente severas para estos sinvergüenzas explotadores”, recalcó Anaya Cortés.

El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso, se pronunció a favor de que el tema se investigue de fondo y si configura un caso de explotación y trata de personas, que se aplique el peso de la ley.

“Pero hay que decir que acontece permanentemente. Hay lugares de mi tierra, del mismo estado de Guanajuato, en donde se llevan a la gente, durante temporadas largas, a Tamaulipas o a otros estados, dizque a hacer trabajos y prácticamente están esclavizados”, apuntó.

“¿Qué se requiere? En mi opinión pues no solamente quedarse en la denuncia o en el escándalo mediático, sino en qué medidas va a tomar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efectos de que esto no suceda, no se esté repitiendo”, planteó Alonso Raya.

El vocero con licencia de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez, demandó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades respectivas apliquen la Ley Federal del Trabajo en sus términos, a fin de determinar si aplican sanciones solo administrativas o penales.