Integrantes de colectivos de Morelos denunciaron que el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se niega a entregar los apoyos destinados a sufragar gastos de familiares de víctimas.
Amalia Alejandra Hernández Hernández, tía de Oliver Wenceslao Hernández, el joven empresario secuestrado y asesinado en el oriente de Morelos, cuyo cuerpo plenamente identificado fue inhumado en una fosa clandestina por el gobierno del perredista Graco Ramírez, acusó a la Administración de Blanco Bravo de indolente.
“Hacer nuevamente una denuncia pública del actuar del gobierno del Estado de Morelos por la razón que el viernes quedó acordado que nos iban a dar respuesta de cuándo sesionaría el Comité Técnico para liberar los recursos de las víctimas en el tema de las ayudas y los apoyos.
“Sin embargo no tuvimos respuesta, sábado y domingo mandamos mensaje respetuosos solicitando una respuesta, sin embargo solamente nos dejaron en visto a la compañera Ana Luisa y a tu servidora y el día de hoy a las 8:27 de la mañana se contesta por parte del licenciado Mauricio Termignioni que iban a reunirse hoy los integrantes del Consejo para ver qué postura tenían ellos para la explicación del tema de la revisión de expedientes. Esto contraviene al acuerdo que se sostuvo la semana pasada y solamente faltaría ese tema por cumplir, el día para hacerse la sesión técnica del Consejo”, dijo Hernández.
De acuerdo con las manifestantes, es la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, a través de su consejo, quien debe convocar a sesión para determinar los apoyos.
“¿Por qué la importancia de la sesión? Si o no el Consejo puede por instrucción firmar las cartas y liberar los apoyos y recursos o bien sesionar en en el Comité y entonces tomar la determinación, pero necesitamos que se haga porque hay muchas familias víctimas del Estado de Morelos que no han recibido ningún tipo de apoyo, son temas relacionados con la educación, con cuestión médica, con alojamiento, entonces son temas que si bien es cierto nosotros no pedimos ser víctimas, estamos aquí obligados por un desinterés de crear políticas públicas encaminadas al tema de la seguridad, pero bueno, ésta es nuestra realidad.
“Es lo que estamos viviendo y quien es víctima sabe que sufrimos un descalabro, un deterioro en la cuestión de salud, económica, moral, todo, entonces necesitamos, además de que nosotras mismas somos quienes tenemos que encaminar las búsquedas cuando todavía el familiar se encuentra desaparecido o persistir y buscar la procuración de justicia porque las autoridades no lo hacen”, dijo.
