La Cámara de Diputados volvió a incurrir en irregularidades en la rendición de cuentas, en especial en torno a los recursos públicos destinados a “Subvenciones” y en suma, a nueve subpartidas asociadas a labores legislativas, en las que se gastaron más de mil 59 millones de pesos, encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al revisar la Cuenta Pública 2017 y el gasto en San Lázaro, el órgano fiscalizador no pudo contar con la información que permitiera evaluar la razonabilidad de ese gasto o bien, comprobar que su destino fueran las labores parlamentarias.
En el Informe Individual correspondiente, se señala que la Cámara gastó en “Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa” y en “Otros Subsidios y subvenciones” un total de mil 530 millones de pesos, distribuidos en 12 “subpartidas” distintas.
Estas incluyen Gastos de asistencia legislativa; Gastos de atención ciudadana; un Fondo de Retiro; el Informe de actividades legislativas; Apoyo al personal de gestión en los distritos; y Apoyo a transporte. También contemplan Subvenciones de apoyo logístico; Subvención ordinaria fija; Subvención ordinaria variable; Subvención para honorarios de Grupos Parlamentarios; Subvención de apoyo para el personal de Grupos Parlamentarios y Apoyo Asistencia Legislativa.
Al pedir comprobantes por el uso de mil 455 millones de pesos, correspondientes a 11 subpartidas, la Cámara apenas pudo comprobar 188 millones destinados a Gastos de atención ciudadana y cerca de 208 millones de pesos en Apoyo para transporte.
El dinero restante, equivalente a mil 059 millones de pesos erogados en nueve subpartidas no se comprobó debidamente, ya que los coordinadores o directores administrativos de las bancadas no entregaron la documentación respectiva. “Por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron en trabajos legislativos; por lo anterior, subsiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos relacionados con actividades legislativas”, consignó la Auditoría. Encontró que la comprobación de 962 mil pesos entregados en Apoyo para Transporte, no se ajustó a las normas establecidas.
Respecto a la contratación de personal, no encontró evidencia documental de las actividades realizadas por cuatro mil 829 personas contratadas por honorarios, para realizar labores administrativas, quehacer parlamentario y en las fracciones. Por otra parte, al revisar inventarios, el órgano fiscalizador dio cuenta de que no se pudieron localizar 71 bienes por un valor superior al millón 300 mil pesos, hecho por el cual se instruyó a la Contraloría Interna del recinto a investigar y sancionar.
De igual modo, la ASF recomendó a la Cámara a iniciar proceso sancionatorio contra los responsables por la no localización en inventarios, de otros 315 objetos entre los que figuran computadoras portátiles, escáners, monitores, impresoras, mouses, teclados e incluso algunas pantallas y proyectores. De esos 315 objetos no localizados, 71 acumulan un valor de un millón 313 mil pesos, por lo que se presume probable daño a la hacienda pública federal.
Entre los aparatos no localizados y que estaban registrados en inventarios del 2016, hay 244 objetos como computadoras portátiles, escáners, monitores, impresoras, no breaks, proyectores, mouses, teclados de computadoras y pantallas. Respecto a la contratación de servicios de preparación y suministro de alimentos, la Auditoría señaló que esos procedimientos tampoco fueron claros.
La Cámara no transparentó la selección de proveedores; y tampoco comprobó la entrega de licencias, permisos, garantías de cumplimiento, garantías para desocupar y entregar instalaciones, ni que sus seguros de responsabilidad civil estuvieran en regla.
Incluso, detectó la transferencia de recursos por un millón 569 mil pesos, por parte de dos proveedores, a un servidor público. La revisión de la ASF al ejercicio del presupuesto en San Lázaro, generó 17 observaciones, de las cuáles dos fueron aclaradas antes de integrar el informe.
Se hicieron 13 recomendaciones; se emitieron tres pliegos de observaciones; se hicieron dos promociones de comprobación fiscal; y se determinaron cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Entre las recomendaciones, se pidió ajustar los Tabuladores para Prestadores de Servicios Profesionales, y que estos se sujeten a las leyes de remuneraciones de los servidores públicos.
Les sugirió incluir en los contratos de personal de honorarios asimilables a salarios, las actividades específicas a realizar y la obligación de entregar evidencia documental de su trabajo en las fracciones parlamentarias.
Consideró necesario dar continuidad al uso de los recursos, debido a que en años pasados se encontraron áreas de opacidad, en especial en las Asignaciones a los Grupos Parlamentarios y Otros Subsidios y Subvenciones, en torno a los cuales no se pudo comprobar que los gastos hechos fueran razonables ni comprobar que el dinero haya sido usado para trabajos legislativos, abundó la ASF.
Recordó que en 2017, la Cámara ejerció un presupuesto global de 7 mil 700 millones de pesos.