El candidato a la presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, fue acusado como presunto responsable por los delitos de lavado de dinero, amenazas y otros, por dos ex trabajadores suyos contratados para realizar operaciones financieras sin dejar rastro del origen.
Alberto y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar un “entramado financiero” que hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya “mediante un esquema que le permitiera ocultar el origen de los mismos, simulando para ello una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos”, denunció el abogado de estos, Joaquín Xamán McGregor.
En abril del 2016, Barreiro Castañeda contactó a Daniel “N” (cuya identidad está protegida por ley, debido a que participa en una investigación que al respecto realizaría la Procuraduría General de la República), para que realizara una operación en la que se adquiriría un inmueble propiedad de Ricardo Anaya, “lo que requería es que no se conociera de dónde provenía el dinero de la compra del inmueble; la persona que aportaría los recursos sería el propio Manuel Barreiro Castañeda para beneficiar económicamente a Ricardo Anaya Cortés, actual candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional”.
De acuerdo con el abogado se determinó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros y a través de las cuales se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero.
Al final el dinero lo recibiría la empresa de Ricardo Anaya, para esto Alberto y Daniel “N” constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, en territorio Británico y Caicos, en donde utilizaron empresas nuevas o algunas ya constituidas.
El terreno que debían comprar sería el lote marcado con el número 82, ubicado en la carretera estatal 431 km 2+200, Hacienda La Machorra en el municipio El Marqués en Querétaro, con una superficie de más 13 mil metros cuadrados; este lote ya había sido comprado por Uniserra, empresa de Ricardo Anaya al mismo empresario Barreiro dos años antes en 10 millones de pesos.
Esta denuncia fue hecha luego de que se conociera públicamente el patrimonio de Ricardo Anaya, ya que a partir de ese momento los operadores financieros Alberto y Daniel “N” empezaron a recibir amenazas, allanamiento de sus casas y persecución de vehículos desconocidos.