El Senado aprobó ayer la Reforma Política del Distrito Federal, que lo convierte en la ciudad capital del país, denominada Ciudad de México y le permite una autonomía inédita, con un trato diferenciado con otros estados del país, pues la Federación mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud.
Además, elimina la figura jurídica de las delegaciones políticas y crea las “demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”, que serán encabezadas por un alcalde.
La reforma, sin embargo, nació en medio de un inédito proceso de aprobación, pues por primera ocasión senadores de las cinco fuerzas políticas representadas en el Senado hablaron en contra de ella por considerarla insuficiente, una simulación, un Frankestein, incluso un “bodrio”, pero todos confesaron en tribuna que iban a aprobarla, porque así fue el acuerdo político asumido por los coordinadores parlamentarios.
Las críticas se centraron en la existencia de la Asamblea Constituyente, dedicada a redactar la Constitución de la Ciudad de México y que tendrá 100 integrantes, 60 de ellos elegidos por el principio de representación proporcional, figura que fue descrita por el priista Omar Fayad y el petista Manuel Bartlett como la existencia de legisladores plurinominales y no de mayoría.
Además, habrá 14 senadores, 14 diputados federales, seis designados por el Presidente y seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo cual fue calificado como un exceso, porque los senadores y los diputados federales no fueron electos por los ciudadanos para ser legisladores constituyentes.
El presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expresaron su satisfacción “por la decisión y determinación del Senado”. “La capital del país tendrá una democracia más vigorosa y representativa”, dijo Peña Nieto.
El panista Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, criticó la reforma, por el estado de excepción que da a la capital del país, al otorgarle un régimen fiscal de privilegio y no someterla a los controles federales de rendición de cuentas y transparencia que sí tienen los estados; “es una reforma que nació muerta”, pero que los acuerdos de la cúpula le permiten su aprobación.
Pablo Escudero, del Partido Verde, expuso que se trata de una reforma que no beneficia a los ciudadanos de la capital del país y que no otorga un verdadero carácter de municipios a las delegaciones políticas, que se mantienen como la cueva de “Ali Babá y los 40 ladrones” y que no lo obliga ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas, pero aclaró que a pesar de que está en contra de ella, su voto es a favor, porque el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, se comprometió con ella y es necesario “honrar la palabra”.
La reforma precisa que la elección para la conformación de la Asamblea Constituyente se realizará el primer domingo de junio de 2016, para instalarse el 15 de septiembre y con el plazo máximo de aprobar la Constitución Política el 31 de enero del 2017, con al menos las dos terceras partes de sus integrantes; sólo el Jefe de Gobierno tendrá el derecho de proponer la Constitución y los legisladores harán los cambios que consideren pertinentes.
