La fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República demandó que los proyectos de obra pública federal en marcha sean sometidos a revisión exhaustiva, incluyendo al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El coordinador Fernando Herrera subrayó que la “extendida corrupción” en dicha área es notoria y por razones como esa, es que la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha frenado la aprobación de la nueva ley en materia de obras públicas.
En un comunicado, acusó que los priístas y el Gobierno Federal no han mostrado voluntad para aprobar la reforma en cuestión, lo que se suma a las claras dudas propiciadas por la falta de transparencia en la construcción de los grandes proyectos de infraestructura emprendidos durante el sexenio.
Tras señalar los casos Odebrecht, la “Estafa Maestra” y el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, son claros ejemplos de la corrupción e impunidad en el país, el legislador recalcó que los ciudadanos identifican ese problema como el segundo más grave en el país.
Refirió que de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2017 el costo de la corrupción llegó a más de siete mil millones de pesos, 12.5 por ciento más que en años anteriores.
Subrayó que los panistas en el Senado han impulsado la aprobación de la Ley de Contrataciones de Obras Pública que busca cerrar el paso a la corrupción en el desarrollo de proyectos públicos, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y contratación competitiva e imparcial, a fin de evitar la discrecionalidad y la opacidad.
Indicó que la propuesta fue presentada el pasado mes de febrero, por los senadores del PAN, e integrantes de otros grupos parlamentarios que buscan asegurar la competencia, equidad y eficiencia en las contrataciones respectivas, así como armonizar la legislación con las mejores prácticas internacionales.
Agregó que con una norma adecuada, se cerrarán los espacios para la discrecionalidad e ilegalidad en la entrega de contratos para obra pública que algunos funcionarios usan para “medrar” con el uso de recursos públicos y “otro tipo de prestaciones y canonjías”.