Sismos en la ciencia – Detrás de la Ciencia

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por Dr. Iván Martínez Duncker

En las últimas semanas se han desarrollado eventos importantes que prometen reorientar el rumbo de la ciencia, tecnología e innovación en México para los próximos años, incluso décadas. Estos procesos aún no están concluidos y tendremos que esperar los desenlaces, tanto en lo político como en lo jurídico, pero nos dan oportunidad de comentar sobre algunos de sus alcances y en cuya definición todos tenemos que participar, desarrollando estrategias para impulsar la innovación, tanto como científicos, pero también como empresarios y ciudadanos promotores de una sociedad del conocimiento, interesada en progresar económicamente y generar bienestar.

Parto de la premisa de que un país que no invierte activamente en ciencia, está condenado a la dependencia, a la mediocridad empresarial y a un rezago en la consecución de estándares de calidad de vida para su población. Hoy quiero comentarles sobre dos eventos que amenazan impactar negativamente en el sistema de ciencia en México. El primero tiene que ver con la extinción de 109 fideicomisos que se aprobó en la Cámara de Diputados así como en el Senado de la República, mediante la iniciativa y mayoría de MORENA, muchos de ellos operativos en el ramo de la ciencia. Otro es la suspensión, decidida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), de los estímulos económicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que se otorgan a los científicos que desarrollan sus actividades en instituciones educativas privadas o en asociaciones civiles.

En el caso de los fideicomisos, estos son vehículos financieros que han permitido a las instituciones públicas recibir recursos, bajo un esquema que los exenta de ser gastados en el mismo año fiscal en que fueron otorgados, permitiendo con ello una operatividad que permite la ejecución de fondos, programas o proyectos científicos que se desarrollan a lo largo de varios años, lo cual es algo muy frecuente en la actividad científica. Si los recursos no ingresaran a fideicomisos, año con año se dependería de que la continuidad de la actividad científica fuera asegurarada en el presupuesto de egresos anual, exponiéndola a la volatilidad de los procesos políticos y a la falta de planeación tan característica en todos los niveles de gobierno de nuestro país.

Por otra parte, estos fideicomisos facilitan la obtención de recursos provenientes de otras entidades de financiamiento externo (ej. organismos internacionales), ya que son vistos con buenos ojos por evitar que las administraciones gubernamentales en turno puedan quitárselos a las instituciones públicas a las que fueron entregados y desviarlos hacia otros propósitos. De igual forma, las instituciones aseguran que los recursos que fueron generados por los propios esfuerzos de sus científicos, por ejemplo a través de servicios externos, queden resguardados en las instituciones científicas para su propio desarrollo, el cual es históricamente subóptimo en nuestro país.

Así, los fideicomisos han facilitado el financiamiento y la operación de miles de proyectos de investigación que se han desarrollado en universidades y centros públicos de investigación. Por ello, los fideicomisos son vistos por las comunidades científicas como mecanismos que aportan un margen de seguridad para que las instituciones operen y transiten las tormentas políticas, incluyendo aquellas en donde, desafortunadamente, el presupuesto público destinado a la ciencia es fácilmente sacrificado en nuestro país frente a otras “prioridades”, en lugar de ser considerado intocable y estratégico para la transformación nacional. Esta consideración es clave en un país donde hay una gran carencia, en todos los niveles de gobierno, de políticas públicas transexenales. Somos un país donde cada 3 o 6 años, las autoridades entrantes deshacen las políticas públicas que se impulsaron en la gestión anterior y reinventan al país, al estado o al municipio, independientemente de si eran o no generadoras de bienestar, pocas veces los ciudadanos nos beneficiamos de decisiones políticas que responden al genuino interés público y el bien común en vez de a los intereses personales y de partido.

Si nuestras políticas públicas en materia de ciencia fueran sólidas y transexenales, tal vez no fueran necesarios los fideicomisos. Pero justamente en estos tiempos observamos que decisiones tan trascendentales como su extinción se han tomado desdeñando la opinión de las comunidades científicas. Debemos entender el porqué las instituciones públicas han generado estos mecanismos para protegerse de las administraciones gubernamentales en turno; es triste, tal vez absurdo, pero muy entendible en el surrealismo mexicano.

Ahora bien, los fideicomisos fueron señalados por quienes desde el partido oficialista promueven su extinción de ser poco transparentes, donde se ejerce discrecionalmente el gasto y sin rendición de cuentas, siendo semilleros de corrupción. Al no haber denuncias o investigaciones, ni análisis/auditorías sistemáticas que sustenten un diagnóstico certero, no conocemos hoy en día la precisión y extensión de esta argumentación. Es por supuesto urgente tenerlo, desafortunadamente y a pesar de un foro legislativo específico donde las distintas comunidades científicas expresaron la importancia de conservar los fideicomisos, se ha concretado su extinción en lo legislativo gracias a la mayoría del partido MORENA que votó a favor. El grito de ¡Corrupción! parece suprimir cualquier tipo de debate racional y técnico sustentado en evidencias.

No discuto la perfectibilidad del actual esquema de los fideicomisos, seguramente hay mucho por hacer, sobretodo en la responsabilidad de quienes los han manjeado, más que en la forma en que un fideicomiso opera. Lo preocupante de fondo es que su desaparición avanzó sin la propuestas de una alternativa real, dotada de las exigencias de transparencia y rendición de cuentas a las que se ha hecho alusión para su extinción. Solo se han manifestado promesas de que los recursos ahora sí llegarán directamente a los beneficiaros, sin embargo, al no tener una alternativa con certeza jurídica, hoy lo único que se avisora son condiciones poco propicias para la continuidad en el desarrollo de proyectos científicos, así como para la consecución de financiamiento. Tomando en cuenta que podrían pasar meses o años para una alternativa eficiente a los cuestionados fideicomisos, es previsible un impacto negativo a la consolidación de la soberanía tecnológica y competitividad global de México. Este sería un golpe más a la ciencia nacional.

Es reprochable que en vez de generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan un uso más eficiente por parte de las instituciones educativas y científicas bajo programas de operación multianuales y prioridades estrictamente académicas, lo que hoy se promete es una centralización y burocracia infernal en el uso de los recursos públicos destinados a la ciencia y que nos colocan en una situación muy comprometida frente a la competitividad global que se exigen en este ramo. Espero equivocarme.

No descarto por supuesto que puedan venir grandes noticias y que se garantizará mayor financiamiento en esquemas multianuales y bajo políticas públicas transexenales serias, operado con la ayuda de una burocracia eficiente para hacer frente al desarrollo científico, tecnológico y de innovación que nuestro país requiere, sería un gran acierto que así sea, pero lo que hoy se ha mostrado es que no hubo una inteligencia técnica ni capacidad de diálogo con los científicos para aportar una alternativa viable antes de proceder a la extinción de los fideicomisos. Ello hace suponer que las razones de haber acelerado la extinción y no dar espacio al debate serio, son de índole estrictamente político, lo cual es lamentable en un tema tan delicado y estratégico como es la ciencia, la tecnología y la innovación.

Otro tema que se ha desarrollado ultimamente es la suspensión por parte del CONACyT de los convenios que otorgan estímulos económicos a la calidad en investigación mediante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a los científicos que laboran en instituciones educativas y científicas privadas o no gubernamentales (ej. asociaciones civiles). Ello parece enviar una señal de que lo que no pertenezca al gobierno será marginado de recibir apoyos del erario para promover el desarrollo científico y tecnológico de calidad. Esto me parece un error, porque la iniciativa privada y las asociaciones civiles han sido clave en fortalecer muchas áreas del conocimiento, impactado positivamente al desarrollo de México. Además, al estar estructuralmente impulsadas por la aplicación y comercialización del conocimiento, presentan una vinculación estrecha con el sector productivo para llevar el conocimiento generado del laboratorio a la aplicación en el mercado. En vez de considerar esto como una amenaza, tendría que ser visto como una alianza a fortalecer para incrementar la productividad.

Por lo anterior, un mensaje preocupante de esta cancelación es promover la idea de que el interés público no tiene porqué fortalecer a la iniciativa privada o a las asociaciones civiles. Que el interés público solo debe velar por las estructuras que opera el gobierno. Este mensaje polarizante es disociativo y destructivo para consolidar las sinergias público-privadas que han apuntalado el desarrollo de nuestro país. Muchos megaproyectos tecnológicos que se desarrollan en el mundo son de inversión público-privada, incluso sin esta vinculación sería imposible realizarlos. Por ello, el entregar un estimulo a los científicos para mantener altos estándares de calidad me parece indispensable y por supuesto de interés público, laboren estos o no en instituciones privadas o no gubernamentales.

Es importante considerar que las universidades y centros de investigación de instituciones educativas privadas y no gubernamentales, han albergado el talento científico nacional que los espacios gubernamentales no desarrollaron, ni tienen hoy capacidad de albergar. Esta contribución histórica ha permitido mitigar la fuga de cerebros que caracteriza a nuestro país y a consolidar el sistema cienítifico que hoy tiene México, el cual ha progresivamente evolucionando para ser líder en América Latina, aunque aún con muchas áreas de oportunidad para destacar a nivel global, pero no por falta de talento, sino por falta de inversión. Es muy preocupante que un siguiente paso en la satanización de la iniciativa privada sea anular su participación para recibir financiamiento público para el desarrollo de proyectos científicos. El discurso apunta en ese sentido.

Frente a estos eventos, es importante impulsar estrategias de cara a la sociedad que muestren que sí hay un interés público en también fortalecer a las instituciones educativas y científicas privadas y no gubernamentales, así como a las empresas mexicanas para ser receptoras de apoyos que permitan impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación. No es sano ni económicamente inteligente promover una cultura social donde a la iniciativa privada se le sujeta al pago de impuestos, pero por otra parte, se le condena a no ser digna de recibir apoyos del erario. Claro, el tildar a la iniciativa privada como un sector abusivo que nada merece más que cobrarle impuestos, puede ser muy popular, pero que sea una política pública inteligente lo dudo mucho. La iniciativa privada es parte de la sociedad y el interés público debe estimularla con recursos públicos, caray ¡Es el motor de la economía!

Por lo anterior, trabajemos activamente en un diálogo público y propositivo con las autoridades para establecer sinergias y promover una cultura de innovación social y empresarial que tanta falta sigue haciendo en México. Por otra parte, urge que las distintas organizaciones sociales y cámaras empresariales fomenten sus propios ecosistemas de innovación sostenibles mediante consorcios y clústers tecnológicos y de innovación social. Hoy estamos frente a cuestionamientos que podemos convertir en grandes oportunidades para forjar nuevos pactos y alianzas a favor del desarrollo y el bienestar de todos los mexicanos.

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