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Todos los muertos de Xoxocotla (NOTA PUBLICADA POR EL PAÍS México)

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El mensaje llegó en la noche del sábado 22 de enero, una frase clara, directa, que era, en realidad, la confesión de una intuición terrible:

– Pablo, si le hiciera una pregunta, ¿podría mantener la pregunta y la respuesta confidencial?

– Claro.

– Ok, para mi infortunio parece que el siguiente atentado será contra mi persona.

Un mes y tres semanas después, el profesor Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, secretario municipal del Gobierno de Xoxocotla, en Morelos, hora y media al sur de Ciudad de México, estaba muerto. Sicarios lo acribillaron en la puerta de su negocio, un cibercafé, poco antes de la hora de comer. Los testigos del ataque han señalado que Jiménez habló con sus asesinos antes de que lo mataran. Todavía se ignora si los conocía o no.

En su mensaje premonitorio, el funcionario decía que él sería el siguiente. No era cualquier frase. 11 días antes, su jefe, el presidente municipal de Xoxocotla, Benjamín López Palacios, había sido igualmente asesinado. Hombres armados lo mataron a balazos en su casa mientras descansaba. No se sabe si fueron los mismos u otros, o si ambos asesinatos responden a una estrategia común. Aunque muchos en Xoxocotla piensan que sí.

El caso es que los mataron y que esa frase -los mataron- resume el día a día de decenas de comunidades en todo México, desde los arrabales de las grandes ciudades, a las playas turísticas del mar Caribe, pasando por mil pueblos polvorientos en cerros y hondonadas. Los matan, las matan. No para de ocurrir. La estadística es de miedo, 100 asesinatos al día, a veces 85, a veces 110. Las víctimas son políticos, como en el caso de Xoxocotla, pero también periodistas, ambientalistas, taxistas, abogados o comerciantes. A todos los matan. A todas. Por cualquier cosa.

Cada gremio trae sus números. Durante el actual Gobierno, por ejemplo, 16 alcaldes han sido asesinados. En el último proceso electoral, que inició en 2020 y concluyó en 2021, mataron a 102 candidatos y aspirantes. La estadística consuela, fabrica una ilusión de finitud, aunque a veces su rigidez ilustra sus propias limitaciones. ¿En qué categoría entra si no el secretario Jiménez? ¿En la de políticos, en la de profesores, en la de pequeños empresarios?

Se cuenta para conjurar el horror. En México, la espiral de violencia es de tal magnitud que contar a los muertos, a los desaparecidos, se convierte en una victoria. Es solo parte de la pinza narcótica. La otra es la respuesta institucional, frases que suelen empezar así: “La fiscalía de” tal Estado “investiga los hechos acontecidos en” tal lugar, “e inicia una carpeta de investigación por” tal delito, “en contra de quien resulte responsable”. Normalmente, nadie resulta responsable. La impunidad en el país es superior al 90%.

El profesor Manuel Alejandro Jimenez Ponciano, se encuentra en el canal de agua del municipio de Xoxocotla, Estado de Morelos, el 20 de enero de 2022. El alcalde del municipio, Benjamín López Palacios fue asesinado en su domicilio a las pocas semanas de asumir su cargo.

¿A dónde iban a ir?

– ¿Por qué dice eso de que es el siguiente? ¿Qué le ha llegado?

– Estoy preparando una declaración que en su momento una persona de mi confianza le hará llegar. No puedo decir nada. Si llegara a sucederme algo, con la declaración se aclara todo.

– Manuel, ¿no sería mejor que saliera de ahí por un rato?

– Lo estoy analizando, pero necesito recabar más información. Y sé que tal vez eso solo complique todo. Pero si me permite una declaración: El móvil del crimen tiene que ver con el lavado del dinero de un cartel.

Jiménez hablaba del móvil de un crimen que no había ocurrido todavía: su asesinato. Pese a lo que dijo en los mensajes, el secretario no dejó declaración alguna. Y si lo hizo la escondió tan bien que nadie la ha encontrado. Tampoco abandonó el pueblo y es probable que nunca pensara en hacerlo. Toda su familia vivía en Xoxocotla. Allí creció, dio clases, dirigió la escuela, abrió su negocio… Su viuda, Laura Zacarías, dice que nunca tuvieron planes de marcharse. ¿A dónde iban a ir?

Cuatro meses de entrevistas y conversaciones con el propio Jiménez, con vecinos, enemigos y compañeros del pueblo, con familiares y conocidos, además de las declaraciones de muchos de ellos ante la Fiscalía de Morelos, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan desconfianzas feroces y enredos de mil capas alrededor de los asesinatos. La política se mezcla con el poder y la ambición, variantes que se excitan al calor del presupuesto municipal y las posibilidades de hacer negocio. Y luego, la paranoia, las suspicacias que dispara la violencia: sospechas y cautelas se convierten en certezas puntiagudas.

En este tiempo, ha sido imposible hallar prueba alguna de que un cartel o cualquier tipo de organización criminal haya tratado de usar Xoxocotla como lavadora. O de que un grupo delictivo, local o foráneo, haya tenido que ver con los asesinatos. La Fiscalía tampoco lo ha hecho. Tampoco hay pistas sobre los sicarios, aunque sí mil rumores. En un pueblo de 15.000 habitantes, donde los dos crímenes más relevantes en décadas ocurrieron a plena luz del día, en el mismo centro, no hay testigos que hablen.

20 ABRIL DEL 2022. Habitantes de Xoxocotla, Morelos marcharon en Cuernavaca para exigir a la FGE justicia para dos integrantes del cabildo indígena asesinados. Exigieron se castigue a los responsables de los asesinatos del alcalde Benjamín López Palacios, perpetrado en enero pasado, y el de Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, secretario general en marzo pasado.

2.000 casas
– Decía un reportaje que vi, que los municipios caen por presión o seducción del crimen organizado. Y nosotros vamos a caer por presión. Solo que no se me hace justo. ¿Para qué sirve hacer campaña y buscar el apoyo, si el crimen organizado es el que va a mandar las políticas públicas a nivel municipio?

– ¿Ya les están presionando?

– Aún no, pero no van a tardar

Esta historia empieza el 6 de junio de 2021. Comunidad escindida de Puente de Ixtla, el municipio indígena de Xoxocotla celebró elecciones por primera vez en su historia hace casi un año. Ganó Juan López Palacios, figura de consenso, político veterano, gestor de programas del Gobierno federal. Una persona conocida y querida. Pero el nuevo alcalde apenas duro seis días en el cargo. El 12 de junio, un infarto se lo llevó por delante.

Desde la victoria, López Palacios y su equipo andaban inmersos en una pelea con su antecesor, Leonel Zeferino, que había capitaneado la transición a la independencia de Puente de Ixtla. Según el equipo de regidores de López Palacios, Zeferino no quería entregarles el acta de ganador. A su muerte, parte del equipo decidió centrarse en conseguir el acta, vía judicial, y parte en organizar una nueva candidatura, en el caso probable de que se celebraran nuevas elecciones.

Cada grupo se centró en lo suyo y, por suerte o por desgracia, los dos tuvieron éxito. La justicia electoral le dio la razón a la parte del equipo que había defendido la victoria en las elecciones de junio. Martín Flores, suplente del difunto Juan López Palacios, había dirigido ese esfuerzo y pensaba convertirse en presidente municipal. Por su lado, la otra parte del equipo, que había organizado una candidatura para los nuevos comicios alrededor de Benjamín López Palacios, hermano menor del alcalde muerto, ganó la nueva elección, ocurrida el 3 de octubre.

Para la facción que apoyaba al pequeño de los hermanos López Palacios, Flores había dejado de ser una buena opción bastante pronto. En varias conversaciones mantenidas con ellos estos meses, los regidores explican que el suplente realizó un par de movimientos que les hizo desconfiar. El primero fue poco después de la muerte de Juan López Palacios. Flores reunió a los dos grupos en una sala de fiestas de Xoxocotla. Les explicó que la batalla judicial por la victoria costaría dinero, aunque, dijo, no había por qué preocuparse: unos empresarios de Puebla se habían acercado al ayuntamiento ofreciéndose a costear el litigio, a cambio de que el nuevo gobierno local les adjudicara obras.

Flores dijo también que los empresarios ofrecían construir 2.000 casas en el municipio a fondo perdido, para los vecinos, como gesto de buena voluntad. Los regidores del lado de Benjamín López Palacios se extrañaron. ¿Quién ofrece dos millares de casas como gesto de buena voluntad? La semilla de la desconfianza germinó en la certeza de que aquellos empresarios poblanos eran criminales y aquella jugada de las 2.000 casas, una estrategia para lavar dinero.

En entrevista telefónica, el suplente Flores niega ninguna operación delictiva: “Son empresarios que bajan recursos federales. Les dije, ‘nos falta todo: un libramiento a Coatetelco, otro a Atlacholoaya, otro a Santa Rosa. Son caminos de terracería. Quería reactivar la economía y la agricultura”, añade. “Entonces ellos dijeron, ‘oiga, vamos a hacer 2.000 casas. O sea, fue un decir, no era nada definitivo. Su negocio era que llegando a la presidencia, nosotros les íbamos a encargar las obras a ellos. Pero no se pudo, así que se retiraron”.

La duda es si de verdad se retiraron o no; si de verdad eran meros empresarios, gestores expertos en la burocracia que exigen las secretarías federales a los municipios, para optar a programas de obra pública, agricultura o ganadería. Los regidores del lado de Benjamín López Palacios desconfiaban, pero solo llegaron a la conclusión de que eran un grupo de criminales cuando el nuevo presidente municipal, el hermano del difunto Juan López Palacios, murió asesinado a balazos días después de jurar el cargo.

Paranoia
– ¿Cómo que no van a tardar? ¿Por qué? ¿Cómo sabe?

– (…) Y nosotros estamos siendo amedrentados de que el suplente debe subir como presidente, porque son órdenes de los empresarios de Puebla.

– Explíqueme esto.

– Así se referían al cartel, como los empresarios. Solo sé que son de Puebla.

– …

– Según lo que pude investigar, llevan proyectos de construcción de casas. Y su modus operandi es que meten dinero del narco, lo blanquean mediante obra pública y el dinero se reparte entre los funcionarios. Y con eso pueden blanquear dinero por millones.

La tarde en que lo mataron, Benjamín López Palacios descansaba en la planta alta de su casa. Era martes, 11 de enero. Hacía diez días que había jurado el cargo como alcalde, poniendo fin a un conflicto cada vez más enredado. En octubre, los vecinos habían confirmado su victoria en asamblea, instrumento habitual en Xoxocotla, uno de los pocos municipios indígenas de Morelos. Además, un tribunal electoral superior había volteado la victoria judicial de Martín Flores en primera instancia, respaldando a su contrincante. Flores no tuvo más opción que aceptar la derrota.

Pese a ello, el ambiente seguía tenso. El viernes anterior al atentado, hombres armados habían llegado a casa del nuevo alcalde, preguntando por él. Como no lo encontraron, se fueron. López Palacios comía con parte de su equipo en un restaurante a las afueras de Xoxocotla. Su hermana le llamó por teléfono y le avisó. Él decidió pasar el fin de semana en casa del secretario Jiménez, por precaución. El lunes, incorporó a un nuevo escolta a su guardia.

No fue el único evento extraño esos días. El 31 de diciembre, una mujer, Mayra Flores, había llegado al despacho de López Palacios a ofrecerse como jefa de policía. Le dijo que había estado trabajando con Flores en un plan estratégico de seguridad para el municipio, pero que ahora, con el suplente fuera de juego, venía a ofrecérselo a él. López Palacios no aceptó, aunque tampoco se negó en redondo, según su equipo, para evitar problemas.

Y hubo más. En los primeros días de enero, el alcalde López Palacios realizó algunos nombramientos difíciles de comprender. Uno de sus regidores, Vidal De Dios Huerta, habló concretamente de uno en su declaración ante la Fiscalía local. Se trataba de una de las hijas de un presunto delincuente local, Silvano Rivera. En su declaración, Huerta contaba que había preguntado por el nombramiento al alcalde y que este había contestado “que si no lo hacía lo iban a desaparecer”.

En el testimonio, Huerta señalaba también una deuda del alcalde con el gobernante de la transición, Leonel Zeferino, que habría apoyado al pequeño de los López Palacios en su victoria definitiva frente a Martín Flores. Sin Zeferino, la asamblea postelectoral no se habría celebrado, debilitando a López Palacios. La deuda en cuestión eran puestos en el equipo de gobierno o dinero en efectivo, Huerta no estaba seguro. El regidor ignoraba también si este asunto había tenido que ver con el atentado.

Por todo eso, cuando los regidores supieron del ataque, la tarde del 11 de enero, la sorpresa y el horror de los primeros minutos se transformó rápidamente en incertidumbre, desconfianza y paranoia. Tres sicarios habían irrumpido en casa de Benjamín López Palacios. Habían sometido a su chofer, a su secretaria y a dos trabajadores de una empresa financiera que habían llegado a ofrecer sus servicios al alcalde. Uno de los tres sicarios había subido al piso de arriba. El chofer, la secretaria y los empleados de la financiera escucharon disparos. El sicario bajó y huyó con los otros dos. López Palacios estaba muerto.

Constelación del horror
– Pero entonces, ¿un grupo de gente va a llegar, dice, a imponerles a Martin Flores [de alcalde] y así blanquear dinero?

– No, Martín hizo el trato. Pero él quiere que Abraham Salazar [entre de presidente]. Porque Salazar está registrado como suplente de Benjamín. Con él, todos los tratos están de nuevo en uso.

– ¿Cómo? ¿Martin quiere que el suplente de Benjamín sea presidente?

– Sí. Me decían que por ayudarlos a lavar el dinero les iban a dar el 20% de cada obra. Por una obra de cinco millones, ¿cuánto se llevan “gratis” los funcionarios? Demasiado.

El asesinato de López Palacios metió a Xoxocotla en un bucle, un pliegue del espacio-tiempo donde el conflicto político empezaba de cero. El alcalde había colocado de suplente a Abraham Salazar, antiguo colaborador de su hermano mayor, Juan López Palacios. Al principio su relación fluyó bien, pero la primera victoria de Flores en los tribunales, que llegó apenas unos días antes de la elección de octubre, les alejó. Cuando asesinaron al nuevo alcalde, ya con Flores fuera de juego, Salazar reclamó la presidencia municipal.

Para los regidores de López Palacios, Salazar encarnaba el mismo mal que Flores. Veían con miedo que él también impulsaba la llegada de los misteriosos empresarios poblanos. Con el paso de las semanas, sus sospechas se acrecentaron. Veían amenazas por todos lados, siempre con los empresarios como contexto. Los recuerdos que compartían de los últimos días del alcalde asesinado apuntalaban su temor al otro bando.

Así, por ejemplo, el secretario Jiménez recordaba que la mujer que había visitado al alcalde antes de su toma de posesión para ofrecerse de jefa de policía, Mayra Flores, había vuelto al menos en una ocasión, el 10 de enero. Un día antes del asesinato. Según Jiménez, el propio alcalde le había contado que la mujer le había ofrecido el contacto con los empresarios poblanos. “Ella le dijo que se podían hacer las licitaciones para los nuevos proyectos del municipio”, relató Jiménez a los fiscales de Morelos.

Mayra Flores, Abraham Salazar y Martín Flores… Los regidores leales a López Palacios pensaban que eran todos parte de lo mismo. Y que, además, se apoyaban en un presunto grupo de delincuentes locales, cuadrilla liderada supuestamente por Silvano Rivera y otro personaje de escaso prestigio en el pueblo, Liberio Díaz, alias Silverio. No en vano era Díaz, presunto socio de Silvano Rivera, quién había conectado a los empresarios con Martín Flores y Abraham Salazar. Para los regidores de López Palacios, todos estos nombres formaban una especie de constelación del horror.

Abraham Salazar, antaño aliado y luego rival de Benjamín López Palacios, el secretario Jiménez y su equipo, retratado en su casa.
Abraham Salazar, antaño aliado y luego rival de Benjamín López Palacios, el secretario Jiménez y su equipo, retratado en su casa.
RODRIGO OROPEZA
Enero y febrero fueron meses de enorme tensión en Xoxocotla. El suplente Salazar presionaba para que los regidores le nombraran alcalde, pero solo contaba con el apoyo de tres de los nueve. Para complicar aún más las cosas, la síndica municipal, Silvia Herrera, presidenta provisional mientras los regidores tomaban una decisión, le agarró gusto al cargo y saboteó cualquier intento de una y otra parte para elegir nuevo alcalde. “Pues sí, también quise ser presidenta, pero luego fui a la iglesia y un amigo me dijo, ‘cuando sea para ti, será para ti’. Y me hice a un lado”, explica la mujer.

Finalmente, pese a las tretas de Herrera, los regidores se reunieron para tomar una decisión el 28 de febrero. El bando de López Palacios contaba con mayoría de seis regidores y tenía a su candidato, Raúl Leal. La síndica Herrera se propuso también y Salazar, que pensaba que aquella reunión era simplemente para ratificar su nombramiento, montó en cólera cuando entendió las intenciones de los regidores de López Palacios. Leal ganó, decisión que una nueva asamblea municipal debía refrendar el 20 de marzo, con todos los vecinos presentes. Salazar se fue de allí ensayando una especie de amenaza. Dijo que no se hacía responsable de lo que pudiera pasar en la asamblea.

El suplente impugnó la designación de Leal ante el tribunal electoral de Morelos. La síndica Herrera decidió apoyar a Salazar también e inició una “campaña de desprestigio” contra el secretario Jiménez, según los regidores del bando de Leal y López Palacios. Jiménez era un personaje importante en ese momento, pues en sus manos había quedado la organización de la asamblea y la coordinación de los regidores leales al alcalde asesinado. Era evidente para todos que en el futuro aspiraba a la presidencia municipal.

La tensión con Herrera creció y creció hasta el punto de que, un día, en una reunión, la síndica responsabilizó al secretario “de cualquier cosa” que pudiera pasarle. Preguntada al respecto, Herrera dice que en esos días se vio envuelta en situaciones extrañas. Una madrugada, dice, alguien disparó junto a la puerta de su casa. Días después, alguien le dejó un papel con un mensaje en la puerta: “Cuídate por tu vida”, leía. Herrera dice: “Yo todo el rato le decía a Manuel, ‘¿qué pasa?, ¿Qué acuerdos hay?’. Aunque solo fuera para saber de dónde venían los trancazos. Pero él nunca decía nada, nunca compartía información, por eso le dije que le hacía responsable de lo que me pudiera pasar”.

Boca abajo
– Entiendo todo esto, más o menos… ahora, ¿por qué cree que ahora van contra usted? Y en todo caso, aunque vayan contra usted, ¿por qué piensa que lo van a matar?

– Porque el grupo confía en mí. Y saben que yo no dejaría que llegarán ellos. Saben que o negocian conmigo, o me quitan.

El martes 15 de marzo, el secretario Jiménez y su esposa, Laura Zacarías, planeaban celebrar el segundo cumpleaños de su hijo, Diego. Jiménez iba a atender sus asuntos por la mañana y luego se juntarían en el cibercafé, a cuadra y media del zócalo municipal. Elegirían un pastel en el negocio de enfrente y volverían a la casa, a pasar la tarde en familia.

Jiménez se fue a las 9 de la mañana. Pasó por el ayuntamiento un momento por un pequeño problema con su tío, trabajador municipal. Luego volvió a la casa. No encontraba el cargador de su computadora portátil y asumió que lo había dejado allí, pero no lo halló. Volvió a irse poco antes de las 10, ya con destino al cibercafé, que muchos días usaba de oficina particular.

Zacarías pensaba cuidar del niño durante la mañana y armar una pequeña mochila para salir antes de mediodía. El pequeño acostumbra a tomar su siesta a esa hora y la mujer quería salir un poco antes, para que durmiera en el negocio. Así pasaron las horas. Zacarías se preparaba ya para salir, cuando su teléfono sonó. Era una de las empleadas del ciber. Contestó y entonces la muchacha pronunció una frase que difícilmente olvidará: “¡Han disparado a Manuel, ven rápido!”.

Con el susto en el cuerpo, aferrada a la idea de que Manuel estaba herido, pero vivo, Zacarías dejó al niño con su cuñada y corrió hasta la carretera. Paró una mototaxi y le pidió que le llevara al cibercafé. “Cuando llegué estaba acordonado. Al final pasé y ya lo vi. Estaba tirado, con su playera azul, sus zapatos. Estaba boca abajo, rodeado de sangre y cuando lo vi así… Le tomé la mano, le empecé a hablar. Me quedé ahí”, recuerda.

Zacarías relata que las empleadas del cibercafé le contaron más tarde que Jiménez había almorzado allí y que, antes del ataque, estaba instalando una bocina en el techo de una mototaxi. La asamblea para ratificar a Raúl Leal era en cinco días y el ayuntamiento estaba en la recta final de los preparativos. El mototaxista haría correr la voz. Ahí estaba, cuando dos hombres llegaron en moto. Hablaron con el secretario. Zacarías dice que el negocio era un “entrar y salir de gente”, el ajetreo habitual de una mañana normal en el centro del pueblo. Fue entonces cuando le dispararon.

Amenaza
– Hola, Laura, ¿qué tal está?

– Bien, dentro de lo que cabe. ¿Y usted?

– Bien, bien.

– ¿Cómo le fue el otro día que vino por Xoxocotla? ¿Consiguió algo?

Hubo poco tiempo para el duelo tras el asesinato del secretario Jiménez. El tribunal electoral de Morelos estaba por resolver el recurso interpuesto por Abraham Salazar, después de que el equipo de regidores de Benjamín López Palacios hubiera nombrado alcalde a Raúl Leal, en febrero. Además, el pueblo estaba convocado a la asamblea ese mismo domingo.

Si después del atentado contra López Palacios, el miedo y la paranoia habían cundido entre los integrantes de su equipo, el ataque contra el secretario los dejó paralizados. El convencimiento de que los regidores contrarios, Silverio, Silvano y su cuadrilla, estaban detrás de los asesinatos aumentaba. Algunos, caso de Vidal de Dios Huerta, empezaron a usar chaleco antibalas de manera habitual.

Dos días después del asesinato de Jiménez, un rumor empezó a propagarse en Xoxocotla. Tenía que ver con la resolución inminente del tribunal electoral en favor de Abraham Salazar. Para los regidores de López Palacios no tenía ningún sentido. En la primera etapa del conflicto, el máximo tribunal electoral del país había fallado en última instancia a su favor, en contra del suplente, Martín Flores. El papel de la asamblea había sido central en la decisión del tribunal, así que no entendían por qué ahora el tribunal local quería decidir días antes de la asamblea, dando la razón a Salazar.

Aunque era solo un rumor, buscaron la manera de reunirse con los magistrados. Lo hicieron a través del gobierno de Morelos, el viernes 18 de marzo. A la reunión se conectó de manera virtual, incluso, la magistrada titular de la sala que veía el caso, Ixel Mendoza. Allí, los regidores de López Palacios le reclamaron. ¿Era verdad que la decisión era inminente? ¿Por qué no esperaban la decisión de la asamblea del domingo? Al fin y al cabo, el plazo del tribunal concluía el lunes siguiente.

Los regidores expresaron también su angustia tras los asesinatos, lo amenazados que se sentían. Resumieron su versión de lo que ocurría, sus actores, Salazar, Flores, Silverio, Silvano… Pero la respuesta no fue la que esperaban. El tribunal, les dijeron, debía decidir ese mismo día. Según el relato de varios de los regidores y del funcionario del gobierno de Morelos presente en la reunión, la magistrada Mendoza añadió que, igual que ellos, ella también se sentía amenazada.

Preguntada al respecto, Mendoza explica que el bando de Salazar se mostró muy agresivo durante el proceso. “Amenazaron con tomar las instalaciones, como una forma de presionar para que tomáramos una decisión, un día incluso tuvimos que desalojar el tribunal”, dice. “A mí incluso me llegaron mensajes por Facebook, diciendo algo así como ‘resuelvan ya el asunto porque si no se los va a cargar la chingada’. Pero bueno, estamos sujetos a este tipo de situaciones. Yo vivo con protección desde hace un año, porque un dirigente político, Javier Estrada, del Partido Verde, me amenazó en público”, añade. Sobre el mismo tema, Salazar dice: “¿Cómo vamos a amenazar a una magistrada? Solo les exhortamos a que saliera su resolución y que actuaran conforme a la ley”. Mendoza dice que las amenazas no afectaron la decisión del tribunal. “No podemos ceder a ningún tipo de presión”, dice.

Fuera como fuera, la resolución del tribunal de Morelos salió ese mismo día, favoreciendo a Abraham Salazar, que se convirtió en presidente municipal de Xoxocotla de manera oficial. Aun así, el pueblo se reunió en asamblea el domingo, votando a favor de Raúl Leal. Su equipo además impugnó la decisión del tribunal ante la instancia superior, la sala regional de Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Xoxocotla tenía de repente dos presidentes, dos equipos, dos ayuntamientos. Así siguen hasta ahora.

Nadie ha resultado responsable de los asesinatos del alcalde y el secretario de Xoxocotla. Al menos de momento. En la Fiscalía de Morelos se quejan de que ni un solo testigo ha declarado nada contra nadie. Solo rumores. Algunos apuntan a Silvia Herrera, otros a Abraham Salazar, algunos pocos al entorno de Leonel Zeferino, todos a la dupla que forman Silverio y Silvano… Pero son solo eso, rumores. La sala regional tiene ahora la palabra. De lo que decidan depende el futuro del pueblo.

Más muertos
Ha habido muertos este fin de semana en Xoxocotla. Uno al menos. Se llamaba Jesús Capistrán y tenía 21 años. Tres hombres armados vestidos de negro a bordo de una moto lo alcanzaron el sábado por la noche, en una calle cerca del centro. Le descerrajaron varios tiros entre pecho y espalda y huyeron. El muchacho murió antes de llegar al hospital.

El rumor en el pueblo es que familiares y amigos de Capistrán supieron enseguida quiénes eran los agresores. Tomaron sus armas y se fueron a la caza. No está claro dónde los agarraron, ni si acertaron con las presas, pero la cosa acabó a balazos. Dos hombres llegaron heridos al mismo hospital en que el cuerpo de Capistrán yacía sin vida. Uno de los dos heridos es Abel Rivera, hermano de Silvano Rivera.

En Xoxocotla no se habla prácticamente de otra cosa estos días. Los muertos que deben los Rivera, la mano de los Rivera en los casos del alcalde y el secretario. En estos cuatro meses de charlas y pláticas con vecinos, más de uno ha dicho, sin prueba alguna, que Abel Rivera era uno de los asesinos materiales de Benjamín López Palacios. Irónicamente, el último que lo dijo, un viejo colaborador del gobernante de la transición, Leonel Zeferino, aparece vinculado al mismo asesinato en las declaraciones de otro vecino ante la Fiscalía.

Pero de momento no hay nada. La Fiscalía de Morelos investiga la presunta responsabilidad de Abel Rivera y el otro herido en el ataque a Capistrán. La Fiscalía de Morelos investiga si Rivera mató a López Palacios y Jiménez. La Fiscalía de Morelos atiende cada mes unos 100 asesinatos, 105 el mes pasado. La violencia sigue, la violencia no para. La violencia, siempre.

EL PAÍS México

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