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Tras fallar en reforma electoral original, Senado aprueba en lo general el «plan b» de AMLO

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Luego de que la reforma electoral que pretendía realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador no pasara por el Senado, se presentó una segunda opción nombrada como «plan b» por el dirigente.

En ese sentido tras revisar dicho «Plan B» el Senado ha aprobado en lo general, con 69 votos a favor y 53 en contra.

Con estos resultados se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partido Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El senador Ricardo Monreal Ávila anticipó su voto en contra de las enmiendas en materia electoral al considerar que entran en contradicción con la Constitución, mientras que la oposición anticipó que interpondrá una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En las 1,244 reservas de todos los artículos que se discutirán en lo particular más adelante con 60 oradores, se mantiene la cláusula de “vida eterna” para partidos aliados en candidaturas comunes, y con ello, el partido que encabece una coalición para transferir votos a partidos minoritarios que sean sus aliados, a fin de que mantengan su registró, lo que motivó el respaldo del PVEM y el PT a la propuesta.

De igual forma, otra reserva, que se tratará más tarde, permite los “guardaditos” a los partidos, es decir que el dinero que no ejerzan en un año, en lugar de regresarlo a la Tesorería de la Federación, lo podrán guardar para usarlo en años anteriores.

Una adición más, a votarse en lo particular, posteriormente, elimina que el INE pueda sancionar a los partidos políticos que no validen la veracidad de su padrón electoral.

La nueva legislación avalada en lo general establece una reducción al presupuesto del INE en 3 mil 500 millones de pesos aproximadamente, por lo que se tendrán que revisar de forma integral los salarios de sus integrantes.

Los nuevos sueldos deberán ser aplicados dentro de los 180 días siguientes a la fecha que entren en vigor los decretos, esto, con el fin de adecuar las remuneraciones a los topes dictados en el artículo 127 constitucional, el cual hace referencia a que ningún servidor público puede tener un pago mayor que el presidente de la República.

La reforma aprobada en lo general determina que los módulos del INE no se eliminarán, por lo contrario, lo puntos seguirán operando de manera normal y no deberá alterarse su cantidad con motivo de la restructuración administrativa.

En caso de que estos cambios deriven en el despido de personal, el INE tendrá que cumplir con las indemnizaciones correspondientes utilizando los recursos que integran los fidecomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria.

Referente a los fidecomisos del INE, el Plan B de la reforma electoral faculta su extinción, bajo el argumento de que estos fondos fueron constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a los funcionarios del Instituto.

Desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y ahora, los cómputos oficiales de las elecciones iniciarán el mismo día de la elección y hace adecuaciones al calendario electoral.

Asimismo, desaparece Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y restringe la facultad de interpretación y sanción de autoridades electorales a partidos y candidatos que no reporten en tiempo y forma sus gastos de campaña o incurran en faltas administrativas durante sus campañas.

La reforma electoral, aprobada en lo general, plantea modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); General de Partidos Políticos; General de Comunicación; General de Responsabilidades administrativas, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otra parte, el Plan B garantiza el voto de personas en prisión preventiva; el voto de personas con discapacidad en estado de postración; facilita voto de personas en el extranjero; regula cuotas de inclusión en candidaturas; de paridad en gubernaturas, y que los legisladores que busquen reelección deberán separarse del cargo antes de las nuevas campañas.

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