Donald Trump presentó este lunes en New Hampshire su plan de lucha contra los opiáceos, causa de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, dispuesto a alentar el uso de la pena de muerte contra algunos traficantes.
Pero más allá de su resonancia, el anuncio del mandatario podría quedarse en la fase de mera exhibición política, pues su implementación, su alcance y su eficacia son objeto de muchas dudas.
Una verdadera crisis de salud pública en Estados Unidos, la dependencia a los opiáceos fue colocada en un lugar prioritario por el presidente republicano, que prometió luchar contra este «flagelo».
En 2016, Estados Unidos registró unas 64 mil muertes por sobredosis, la mayoría de ellas relacionadas con opiáceos. Esta categoría de estupefacientes incluye a los analgésicos bajo prescripción médica como el oxycontin y el fentanilo, así como la heroína, a menudo mezclada con sustancias sintéticas.
«El Departamento de Justicia solicitará la pena de muerte contra los traficantes de droga siempre que sea posible según las leyes existentes», dijo la Casa Blanca al presentar las grandes líneas del plan antes del discurso presidencial.
Consultado acerca de los casos concretos en que esto podría ocurrir, el Ejecutivo se mostró evasivo.
Según un informe de la ONG Harm Reduction International, Estados Unidos forma parte de la treintena de países en el mundo donde la ley establece la pena de muerte para ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Pero solo siete de ellos, incluidos China, Irán, Arabia Saudita, Singapur e Indonesia, recurren a esta con frecuencia.