A los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como a los diversos medios de comunicación, la
Sociedad Civil Organizada y la Ciudadanía y Sociedad en su conjunto.
Los diversos líderes y representantes de las Asociaciones de Abogados, nos dirigimos nuevamente de manera enérgica y sumamente preocupados, para hacer frente de una vez por todas, juntos, sociedad civil, gobierno y demás encargados de la procuración e impartición de
Justicia, a la impostergable y cada vez más deteriorada situación de inseguridad e ingobernabilidad del Estado de Morelos.
Apenas a mediados del mes de febrero, hicimos un enérgico llamado a efecto de que en estricto apego al Estado de Derecho, el respeto a la
independencia de cada uno de los poderes y la autonomía de la Fiscalía, se acordaran acciones en conjunto para hacer frente a la crisis
de inseguridad, procuración e impartición de justicia que diariamente mancillan la vida de los y las morelenses. Ese llamado no ha sido escuchado ni atendido por las instancias que se supone habrían de velar por la paz y la seguridad de nuestro Estado.
Lejos de ello, consternados hemos podido observar nuevamente, el trágico y hasta ahora impune doble homicidio y feminicidio de
trabajadores y estudiantes del sector salud en el Estado; tres irrecuperables vidas que fueron arrebatadas a jóvenes en cuya estela de dolor, dejan muchas víctimas secundarias más entres sus familiares, dependientes y amigos.
Derivado de éstos cobardes asesinatos, los medios de comunicación dieron a conocer sobre la detención de uno de los presuntos responsables de ése dantesco acto, un individuo apodado “El Diablo”, quien presuntamente forma parte de uno de los grupos delictivos que
tanto daño han hecho y siguen desestabilizando la paz, la seguridad y la vida de millones de morelenses.
La detención de dicho sujeto, derivó del libramiento de una orden de aprehensión dictada por un juez especializado, para que conforme a
derecho, hiciera frente de las acusaciones que las investigaciones hasta el momento han arrojado sobre su participación en el artero ataque y privación de la vida de tres personas. Sorprendentemente, ante argumentos que estimamos poco claros, la Jueza que conoció de la Audiencia de Vinculación a Proceso de dicho sujeto, dictó un Auto de No Vinculación, que habrá de ser revisado por los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia. Es aquí donde nuevamente exigimos al Poder Judicial, entre al estudio de manera imparcial, absolutamente
apegado al Debido Proceso y estricta observancia de los protocolos emitidos por los más altos tribunales federales, la Suprema Corte de Justicia y los Tratados Internacionales de los que México forma parte, para que se dilucide de manera fehaciente, sobre los elementos que mandata la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular o no a una persona ante el proceso penal.
De igual forma, exigimos a la Fiscalía, agote todos y cada uno de los actos de investigación que sustenten la imputación de éste caso, así
como de todas las Carpetas de Investigación que se encuentran a su cargo, de manera exhaustiva, profesional, en estricto apego a la
veracidad, lealtad y Estado de Derecho.
Sin embargo, es vital recordar que la Seguridad en nuestro país,.conforme lo ordena la Constitución Mexicana, depende de un Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que dicta los lineamientos a los que los Sistemas Estatales como el nuestro deben ceñirse; y el punto medular de dicho Sistema lo es la Coordinación que debe existir entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las Fiscalías autónomas y los diversos cuerpos Policiales con los que cuenta nuestro país.
En dicha tesitura, es que también exigimos al Poder Ejecutivo,.específicamente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, comience a brindar resultados reales, medibles y verificables, respecto de sus obligaciones de prevención, estrategia y combate a la
delincuencia en nuestra entidad, en coordinación con las demás instancias y Municipios.
Por ello, nuevamente hacemos un llamado de concordia entre los Poderes, las instituciones que representan, la Fiscalía General y los
Presidentes Municipales, para que cesen las luchas, descalificaciones,.señalamientos y guerras eminentemente políticas entre ustedes y se ciñan al estricto cumplimiento y labor para la que han sido designados en sus diferentes encargos, que no es otra que la de velar, contribuir, trabajar en conjunto y dar resultados, para que las y los morelenses logremos recuperar la paz que nuestro Estado merece.
Para ello, proponemos que encausen esa lucha hacia el enemigo verdadero y común que tenemos todos: la inseguridad y la violencia, y
se conformen mesas de trabajo en las que participemos Sociedad Civil Organizada y los representantes de los tres poderes, la Fiscalía
General, La Comisión de los Derechos Humanos, así como los encargados de la Seguridad Estatales y Municipales, y sumemos los
esfuerzos y talentos necesarios, para suscribir un Acuerdo en el que se obliguen a brindar resultados reales, medibles y verificables en el corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, condenamos enérgicamente cualquier tipo de represalia que por la libre manifestación de nuestras ideas, pudiera realizarse por cualquier autoridad, tanto en el desempeño de nuestras profesiones, como cualquier acto de molestia en nuestras vidas privadas; como presidentes y representantes de nuestras asociaciones, líderes de nuestro gremio, morelenses y mexicanos, estamos y seguiremos unidos y no cederemos ni permitiremos presión política ni represalia alguna.
Convocamos a todas la Organizaciones Civiles, Medios de Comunicación y Sociedad en general, a que nos apoyen a dar voz y eco.ante ésta exigencia a favor de nuestras familias y nuestras vidas.
