POR EDUARDO VÁZQUEZ
A casi ocho días de concluir el 2019, autoridades municipales y diputados locales, no han podido llegar a ningún acuerdo para aprobar un ajuste en las UMAS así como recuperar el 5 por ciento del fondo de aportaciones federales.
De acuerdo con el presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), Sergio Libera Chavarría informó que, en días pasados, sostuvieron una reunión con cinco legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para analizar una apertura de poder sacar los dictámenes. Explicó que estarán tratando de reunirse con los legisladores locales para poder contar con mayores recursos durante el próximo presupuesto del 2020; de lo contrario, podrían trabajar con la Ley de Ingresos del 2019, hasta en tanto que no haya un aumento al presupuesto.
Libera Chavarría indicó que actualmente cuentan con un total de 294 demandas laborales, de los cuáles asciende a 25 a 30 millones de pesos, ya que se aumentaron las demandas laborales que cuenta el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). “Para todos los municipios será complicado este 2020, debido al incremento de las demandas laborales de administraciones pasadas que cuenta el TJA. Creo que es un año difícil, como fue el 2019, por lo que estaremos atentos de los programas federales que podamos rescatar para poder solventar las demandas laborales”.
Y es que la falta de consensos sigue presente al interior de la LIV Legislatura ante la aprobación del aumento presupuestal a los municipios, que podría reflejarse en un posible incremento a los derechos.
Desde el 8 de noviembre, más de 20 alcaldes solicitaron a los legisladores una ampliación presupuestal para el 2020 tras la abrogación del cobro del impuesto adicional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que representaba el 25 por ciento de la recaudación municipal. Sin embargo, en la iniciativa IDEFOMM/ JDG/005/2019 presentada por los ediles, quienes negaban buscar más impuestos, plasman un ajuste presupuestal a las Leyes de Ingresos de los Municipios del .25 sobre las cuotas de los derechos, bajo el argumento que es necesario para otorgar el exacto cumplimiento de sus funciones, así como las prestaciones eficientes y eficaces de los servicios públicos.
