«Creemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hará «una revisión profunda, exhaustiva y puntual» de la Ley de Seguridad Interior, confió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Entrevistado al término de la presentación del libro «Reintegración Migrante: Un modelo social, económico y empático para el retorno», González Pérez, explicó que el organismo a su cargo ejerció acción de institucionalidad sobre la Ley de Seguridad Interior por posibles violaciones a la Carta Magna o a los tratados y convenciones internacionales.
El titular de la CNDH dijo que «seremos respetuosos de lo que determine la SCJN» al tiempo que hizo un exhorto a que se analice «con profundidad» la Ley de Seguridad Interior.
La propia SCJN integrará el expediente y determinará los tiempos en que puede resolver, acotó.
El presidente de la CNDH enfatizó que como defensores humanitarios «no nos oponemos a que haya mayor seguridad; la seguridad pública es un derecho humano y estamos a favor de que se fortalezcan las instituciones, pero acorde a la Constitucionalidad y Convencionalidad vigente», subrayó.
En este sentido el ombudsman nacional advirtió que la Ley de Seguridad Interior «desde luego que está vigente», está la Ley «se puede aplicar», remarcó.
«Uno de los artículos de los que hacemos mención en la acción de inconstitucionalidad es que dice que ‘tratándose de riesgos o amenazas, las autoridades correspondientes podrán identificar, prevenir y atender los riesgos o las amenazas’. Desde el punto de vista de la CNDH, habiendo impresiciones sobre los parámetros sobre los cuales se pueda actuar, dejando a la propia autoridad la discrecionalidad de determinar cuándo se está frente a riesgos o amenazas y además, remite aspectos de la Ley de Seguridad Interna, a preceptos de la Ley de Seguridad Nacional; creo que lo que la SCJN debe hace -y lo que debemos hacer todos- es conducirnos dentro de las instituciones y dentro del marco jurídico y por eso acudimos a la SCJN», insistió González Pérez.
Subrayó que no se está en contra de las fuerzas armadas, «pero tienen una formación diferente y de ahí que se establezca una mayor restricción de las fuerzas armadas en su interacción con la sociedad civil según las convenciones internacionales».
El presidente de la CNDH también instó al Congreso de la Unión a que «vea integralmente el modelo de procuración de justicia. El tema para resolver la Seguridad no debe de verse de manera parcial sino integral», destacó.
«Si se revisa la Ley de Seguridad Nacional, los ciudadanos necesitamos conocer los parámetros para evitar la autoridad ejerza discrecionalidades en su operación y tengamos certeza de que la actuación de las fuerzas armadas «será conforme a derecho».
González Pérez resaltó que los estándares legales internacionales establecen una mayor restricción de las fuerzas armadas que se han advertido en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH.
Otro agravio, como ya apuntó el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), toda actuación derivada de la Ley de Seguridad Interior «estará vedada al acceso público», criticó González Pérez.