Aceptar reparación del daño no es dar carpetazo al caso Ayotzinapa: CEAV

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En la Cámara de Diputados, la Comisión especial de seguimiento al caso Ayotzinapa, se reunió con el presidente e integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes expusieron detalles del nuevo plan de reparación del daño que se implementó hace aproximadamente 10 días, y el cual ha avanzado con los integrantes del equipo de futbol de los Avispones, pero no así con los familiares de los estudiantes desaparecidos.

El presidente de la CEAV, Jaime Rochín y el comisionado encargado del caso Ayotzinapa, Julio Antonio Hernández Barros, detallaron que el plan de reparación del daño no ha funcionado como se esperaba con los familiares de los estudiantes y sus representantes, porque  ellos no han querido acercarse a la parte oficial.

También han condicionado el apoyo federal, a que el caso se resuelva y se diga la verdad, lo que denota una entendible falta de confianza en las instituciones del Estado, admitió Rochín del Rincón.

En particular, el comisionado Hernández Barros apuntó que es equivocada la percepción de que brindar apoyo integral a las víctimas y aún más, aceptarlo, representa dar “carpetazo” al asunto.

En reunión de trabajo, los integrantes del órgano encargado de atender a las víctimas indicaron que se aceptan y se cumplirán todas las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Agregaron que para acercarse a las familias de los 43 estudiantes, tarea que no ha sido sencilla, se admitió la intermediación del grupo de expertos y existe toda la disposición de modificar el nuevo plan de reparación integral del daño; sin embargo, los familiares y particularmente sus representantes, se han mostrado reacios a entrar en contacto con la CEAV.

Indicaron que hasta el momento se atiende a un total de 398 víctimas, en particular al joven Aldo, que se encuentra en “estado vegetativo permanente”, de acuerdo a los expertos en neurología que lo han atendido.

Admitieron que el plan de reparación del daño avanza lento en especial con las familias de los 43 estudiantes, porque estos no quieren tener tratos con las instancias de gobierno y porque aún no se determina a ciencia cierta cuántas víctimas existen en suma.

Ello quedó de manifiesto en septiembre pasado, dijo el comisionado Hernández Barros, pues durante la reunión de los familiares con el Presidente de la República, se conoció de un nuevo caso de un joven con una lesión severa en un brazo. La información se desconocía porque sus familiares y sus representantes no notificaron de su existencia.

Recordaron que la CEAV cuenta con dos elementos para reparar el daño y brindar apoyo a las víctimas, como el fondo emergente de ayuda  y reparación, que tiene un millón y medio de pesos que están siendo utilizados para pagar traslados, atención médica y acceso a medicamentos; mientras que el segundo plan de apoyo contempla el acceso a la justicia y la verdad.

Puntualizaron que no coinciden las cifras sobre el número de víctimas que tienen instancias como la CNDH, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Procuraduría General de la República (PGR), la propia CEAV y el GIEI, porque los representantes de las familias de los jóvenes no han acudido al Registro Nacional de Víctimas, pese a que existe la orden de un juez.

No apelar a ese instrumento, dijeron, va en perjuicio de los propios afectados, porque la reparación que ofrece el Estado, no es una dádiva, un regalo, un pago o un beneficio particular, sino que es derecho de los afectados exigir respuesta y atención del Gobierno Federal.

Los comisionados también dijeron tener la certeza de que seguirán apareciendo más víctimas por el caso Ayotzinapa, al que calificaron como desaparición forzada en la que policías municipales estuvieron involucrados, y no como un mero secuestro.

Asimismo, instaron a los congresistas a apresurar la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada, a fin de que sucesos como los ocurridos en Iguala en septiembre del 2014, no se repitan y los responsables sean sancionados.