La llegada del 2020 trajo consigo cambios legales en el ámbito económico, político y social que marcarán diferencias sustanciales en las políticas públicas del país.
A través de Milenio noticias pudimos conocer los cambios que entrarán en vigor, una de las más mencionadas es la entrada de la reforma fiscal penal, aprobada en el Congreso de la Unión en octubre pasado, la cual endurece sanciones e incorpora la prisión preventiva oficiosa contra delitos como la defraudación fiscal, la facturación falsa y la creación de empresas fantasmas, a los cuales los equipara con delincuencia organizada.
La reforma fiscal penal modificó artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
Al aprobar la reforma, los legisladores federales expusieron que el negocio de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, que equivale a 5 por ciento de los ingresos del gobierno federal, mientras que la pérdida de ingresos a las arcas públicas alcanza los 1.6 billones de pesos que, del 2014 al 2019, no se han recaudado.
Las sanciones por estos delitos serán de dos a nueve años de prisión, pero según la Procuraduría Fiscal, en lo relacionado con los actos de defraudación fiscal, sólo se harán efectivas las sanciones de prisión a quienes evadan contribuciones superiores a aproximadamente 7.8 millones de pesos.
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2020, entrará en vigor la posibilidad de que los establecimientos mercantiles a los que se le pague con tarjetas de crédito y de débito puedan emitir la factura correspondiente de manera automática, la cual es una facilidad que la autoridad fiscal otorga al contribuyente, pero que fue interpretada por algunos como una manera de poner una lupa más rigurosa a la fiscalización de los ciudadanos.
De acuerdo con la entonces jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, en noviembre pasado, cuando se presentó el acuerdo entre el SAT y la Asociación de Bancos de México (ABM), la implementación será paulatina, pues requerirá que los bancos incorporen al chip de la tarjeta los datos del RFC del contribuyente, e iniciaría en establecimientos como farmacias, gasolineras, papelerías y restaurantes.
