De 2006 a la fecha, han sido asesinados en el país 40 alcaldes en funciones de todas las corrientes políticas, siete más que fueron electos y 32 que eran ex alcaldes, que en suma son más de 80 los casos registrados, y se sabe, que por lo menos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto van 14 muertos.
Luego de los asesinatos de los alcaldes de San Juan Chamula, Domingo López Gonzales, y en Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, así como de integrantes del Ayuntamiento; Julio Cesar Soto Márquez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) informó que entregaron un oficio al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a fin de pedir una audiencia y plantear la posibilidad de crear un protocolo de seguridad para ediles.
Entrevistado tras acudir a la Reunión Nacional para la Nueva Agenda del Desarrollo Municipal, el también edil de Tulancingo, Hidalgo, señaló que ante la falta de recursos para reforzar los mecanismos de seguridad en las localidades, los alcaldes han tenido que comprar sus propios seguros de vida, así como protección personal para su familia.
Manifestó su preocupación ya que hay más de 2 mil 500 alcaldes que temen por su integridad física toda vez que de acuerdo a las estadísticas cada tres meses se está asesinado un alcalde.
Indicó que de momento bastaría con el fortalecimiento del fondo para seguridad (Fortaseg), para poder tener mayor capacitación para policías, y mejorar los filtros de ingreso del personal confiable toda vez que hay municipios donde ni siquiera han podido pagar los cursos para sus elementos.
Y es que destacó que los gobiernos municipales tienen que pagar del mismo Fondo, las evaluaciones por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que oscilan entre los tres mil y cuatro mil pesos por elemento.
Ante la situación de inseguridad, los integrantes dela ANAC expusieron a Osorio Chong que no se cuenta con mecanismos efectivos que garanticen la seguridad de quienes están al frente de las administraciones municipales, lo que los hace vulnerables a atentados por el hecho de desempeñar sus funciones.